El Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó este 29 de septiembre por un año más, hasta el 15 de octubre de 2026, las sanciones impuestas a 21 personas y 3 entidades vinculadas a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, en respuesta al deterioro democrático y de derechos humanos en el país centroamericano.
Las medidas restrictivas incluyen la congelación de activos y la prohibición a ciudadanos y empresas europeas de poner fondos a disposición de los sancionados.
Además, se mantiene la prohibición de viaje a los 21 altos cargos del régimen, que les impide entrar o transitar por el territorio comunitario.
Murillo y sus hijos en la lista
Entre los sancionados figuran la vicedictadora Rosario Murillo y tres de sus hijos: Laureano Ortega Murillo, señalado como el heredero político de la pareja presidencial, así como Camila Antonia Ortega Murillo y Juan Carlos Ortega Murillo.
El Consejo de la UE los responsabiliza de sostener el aparato represivo de la dictadura mediante el control de instituciones estatales y de los medios de comunicación.
Las restricciones alcanzan también a ministros, magistrados, diputados y mandos policiales leales a Ortega y Murillo.
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Instituciones bajo sanción
Las entidades incluidas en el régimen de sanciones son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Bruselas acusa a la Policía de graves violaciones a los derechos humanos desde la represión de 2018; al Poder Electoral, de anular la competencia política en los comicios; y a Telcor, de vigilar a la sociedad civil y silenciar emisoras críticas con el régimen.
Marco de sanciones desde 2019
El régimen sancionador fue introducido en octubre de 2019, después de que el Consejo expresara repetidamente su preocupación por el deterioro del Estado de derecho, la persecución de opositores y la supresión de libertades fundamentales en Nicaragua.
La dictadura de la familia Ortega Murillo había iniciado en 2018 una represión brutal contra manifestantes, que incluyó el asesinato de 355 personas, más de 2,000 heridas por balas de policías, militares y paramilitares, además de secuestros, torturas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales.
Desde entonces, los Estados miembros revisan anualmente las medidas, que ya se habían prorrogado en 2024 y 2025.
En octubre de 2020, la UE sancionó también a figuras clave de la represión, como los comisionados policiales Ramón Avellán y Francisco Díaz Madriz, la exministra de Salud Sonia Castro y el asesor presidencial Néstor Moncada Lau.
Llamado de Bruselas
“La UE reitera su llamado a que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, la liberación de todos los presos políticos restantes y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos”, señaló el bloque en su comunicado.
La Unión también instó a terminar con todas las formas de represión, tanto dentro del país como contra los nicaragüenses en el exilio, y pidió reanudar la cooperación con Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
“La UE reafirma su compromiso continuo con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. La actual crisis política debe resolverse mediante un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición”, subrayó el Consejo.