El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, conocido como Ghren, expuso el 23 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la existencia de una “red de represión internacional” ejecutada por el régimen nicaragüense. Según el informe, esta estrategia busca silenciar a quienes se oponen a Ortega y Murillo, aun cuando residen fuera del país.
El estudio señala que las medidas represivas no se limitan al territorio nacional, sino que alcanzan a quienes se vieron obligados a huir. Para los expertos, se trata de un patrón acumulativo de violaciones a los derechos humanos que busca desmantelar la vida de los nicaragüenses en el exilio.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo, explicó que el daño sufrido por los exiliados no es aislado, sino parte de un proceso sistemático que incluye desarraigo, pérdida de identidad legal, dificultades económicas, aislamiento social y vigilancia permanente.
El informe describe seis estrategias principales. Una de ellas es el despojo de la identidad jurídica, que incluye prohibir la entrada al propio país, retirar documentos oficiales y hasta revocar títulos profesionales, lo que las víctimas llaman una “muerte legal”.
Otra táctica señalada es el despojo económico. Mediante confiscaciones de bienes, suspensión de pensiones o pérdida de aportes previsionales, se busca reducir al mínimo la capacidad de subsistencia de los opositores y sus familias.
La vigilancia y el hostigamiento forman parte del entramado denunciado. Según el documento, se han identificado redes de espionaje transnacional, campañas de difamación digital y, en algunos casos, violencia física. Uno de los hechos más graves mencionados fue el asesinato en Costa Rica del militar opositor Roberto Samcam.
También se acusa al régimen de abusar de mecanismos internacionales como las notificaciones rojas de Interpol, que se utilizarían para reforzar acusaciones infundadas contra disidentes en el extranjero.
Finalmente, el informe alerta sobre los castigos por asociación, que recaen en familiares de exiliados dentro de Nicaragua. Entre las represalias figuran despidos, confiscación de propiedades y obstáculos para la obtención de documentos de identidad, lo que amplía el círculo de represión.
Con este informe, la ONU busca visibilizar un escenario que preocupa a miles de nicaragüenses dispersos en Centroamérica y otras regiones, quienes aseguran vivir bajo una constante sensación de inseguridad y persecución.