La Comisión Especial para Juicio Político del Congreso Nacional de Honduras inició este martes con las entrevistas a testigos y la revisión de pruebas contra Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
La Comisión inició la jornada con la entrevista de Marco Noé Martínez, un empleado del ente electoral, quien acusó al consejero Ochoa de supuestamente haber ordenado que personal sustrajera “información sensible” sobre las actas nacionales, que estaba resguardada en memorias USB.
Martínez aseguró a los diputados que habría habido una supuesta manipulación de la información sustraída. Por otro lado, también se presentó el exdirector del CNE, Eduardo Fuentes, quien dijo que Ochoa amenazó a sus compañeras consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.
La jornada de entrevistas inició a las 11:00 de la mañana para entrevistar a:
- Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia.
- Exdirector del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Enrique Fuentes Cálix.
- José Antonio Barahona, padre de la magistrada de justicia electoral Miriam Barahona.
- Empleado del ente electoral, Marco Noé Martínez.
- Secretaria General del Consejo Nacional Electoral, Telma Cristina Martínez.
Esta jornada se realiza luego de que ayer iniciara formalmente el juicio político contra los cuatro funcionarios. En la audiencia de ayer solo se presentó el magistrado Mario Morazán, los otros tres investigados no asistieron. Los diputados del Congreso ya votaron por la suspensión de los investigados en el cargo.
Con la realización del juicio político, los legisladores podrían avalar una destitución en el cargo. Los funcionarios son investigados por presuntamente cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones, aunque el consejero Ochoa ha dicho que es víctima de persecución política por denunciar que hubo fraude en las elecciones de noviembre del año pasado.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseveró que el juicio político no es una revancha, ni persecución, ni amenaza ni venganza, sino una acción para dictar orden y control constitucional en las instituciones electorales. Aseguró que garantizarán el debido proceso y la defensa de los acusados.
