Este 15 de agosto se cumplieron tres años de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, una decisión ejecutada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que puso fin a 63 años de funcionamiento de la institución administrada por la Compañía de Jesús.
La medida fue notificada el 15 de agosto de 2023 mediante un oficio emitido por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales. En la resolución se ordenó la incautación de todos los bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias y productos financieros de la universidad a favor del Estado de Nicaragua.
El documento judicial también instruyó a instituciones como el Registro Público de la Propiedad, la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), la Dirección Nacional de Registros, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República ejecutar las medidas correspondientes para concretar la confiscación.
Además de los bienes universitarios, la Policía desalojó la residencia de los sacerdotes jesuitas, propiedad de la Compañía de Jesús, sin permitirles retirar sus pertenencias. Posteriormente, los religiosos abandonaron el país en medio de las amenazas de captura y el creciente hostigamiento contra la Iglesia católica.
En su último comunicado oficial, la UCA rechazó las acusaciones formuladas por el Gobierno, que la señaló de funcionar como un supuesto centro de terrorismo.
“Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, expresó la institución.
La universidad también reiteró su compromiso con la educación superior y agradeció el respaldo recibido por parte de estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense. Al mismo tiempo anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas hasta que existieran condiciones para retomarlas.
Un día después de la confiscación, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) canceló oficialmente la autorización de funcionamiento de la UCA y creó la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro para asumir la continuidad académica de los estudiantes. Asimismo, el régimen nombró nuevas autoridades universitarias encabezadas por Alejandro Enrique Genet Cruz como rector, Luz Marina Ortiz Narváez como vicerrectora y Moisés Ignacio Palacios como secretario general.
La confiscación de la UCA se produjo en el contexto del deterioro de las relaciones entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica tras las protestas de abril de 2018. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones de sacerdotes, expulsiones, congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de bienes e instituciones religiosas, así como el cierre de 27 universidades privadas —21 nacionales y seis extranjeras— que atendían a cerca de 40,000 estudiantes en Nicaragua.
