Estados Unidos certificó oficialmente que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras cumplen con los diez requisitos establecidos en la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional de 2026, decisión que permitirá mantener el desembolso del 50 % de la asistencia económica y de seguridad destinada a los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica.
La certificación fue firmada el 1 de julio por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien concluyó que las tres naciones avanzan en áreas consideradas prioritarias por Washington, entre ellas el combate a la corrupción, el fortalecimiento del Estado de derecho, la cooperación en materia migratoria y la lucha contra el crimen organizado. La certificación fue publicada en el Federal Register, el diario oficial del gobierno federal de los Estados Unidos, el 6 de agosto pasado.
«En virtud de la autoridad que me confiere certifico que los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras están combatiendo la corrupción y la impunidad, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales, personal militar y agentes de policía con acusaciones creíbles de corrupción, y mejorando las estrategias para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros globales», señala el documento firmado por Landau.
La evaluación también reconoce que los tres gobiernos cooperan con Estados Unidos y otros países para facilitar «el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes», uno de los requisitos establecidos por la legislación estadounidense para mantener la cooperación.
Además del combate a la corrupción, el Departamento de Estado concluyó que El Salvador, Guatemala y Honduras impulsan reformas para fortalecer el Estado de derecho, mejorar la transparencia de las instituciones públicas, garantizar la independencia de los órganos judiciales y electorales, así como promover una mayor transparencia en el financiamiento de campañas políticas.
La certificación también incluye avances en la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición, así como en la aplicación de programas para reducir la violencia contra mujeres y niñas y desarrollar políticas orientadas a disminuir la pobreza y ampliar las oportunidades económicas.
En materia de seguridad regional, Washington destacó la cooperación de los tres países para combatir el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, otros delitos transnacionales y el fortalecimiento de los controles fronterizos para contener la migración irregular, acompañado de campañas de información sobre los riesgos de emprender el viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos.
El Departamento de Estado también certificó que los tres gobiernos implementan políticas para mejorar el clima de inversión y facilitar la operación de empresas nacionales y extranjeras, mediante reformas fiscales transparentes, mecanismos para el reembolso de impuestos a compañías estadounidenses y procedimientos para resolver disputas relacionadas con propiedades de ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
La certificación será remitida al Congreso estadounidense junto con un Memorando de Justificación, como parte del procedimiento establecido por la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para autorizar el desembolso de los recursos destinados a los países del Triángulo Norte.
