Expertos en democracia y política latinoamericana advirtieron este miércoles ante un subcomité del Senado de Estados Unidos que la consolidación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una dictadura, sumada a sus crecientes vínculos con China y Rusia, representa una amenaza para la democracia nicaragüense, la estabilidad regional y los intereses estadounidenses.
Las advertencias fueron planteadas por Eddy Acevedo, vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la National Endowment for Democracy (NED); Deborah Ullmer, directora regional para América Latina y el Caribe del National Democratic Institute (NDI); y Gil Guerra, investigador del Hudson Institute. Los tres comparecieron ante el Subcomité del Senado sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.
Acevedo sostuvo que Nicaragua se convirtió en un refugio para adversarios de Estados Unidos, un punto de tránsito para la migración irregular y una fuente de inestabilidad regional. Recordó que la represión de las protestas antigubernamentales de 2018 dejó más de 350 muertos, 2,000 heridos y más de 2,000 detenidos arbitrariamente, mientras que decenas de opositores, incluidos aspirantes presidenciales, fueron arrestados antes de las elecciones de 2021.
“Dada la persistencia de esta amenaza y su importancia central para los intereses de Estados Unidos, Nicaragua merece mayor atención en los círculos de política exterior estadounidense”, sostuvo Acevedo, quiens eñaló que el régimen de Ortega-Murillo ha profundizado sus relaciones con Rusia y China.
“Rusia es un importante proveedor de armamento, opera un centro de formación policial en Managua y mantiene una estación terrena de satélite en Nicaragua; por su parte, China ha ampliado sus vínculos diplomáticos, comerciales y de infraestructura desde que Managua transfirió su reconocimiento diplomático de Taiwán a Pekín en 2021”, afirmó el vicepresidente de NED.
Acevedo hizo un recuento de cómo China ha expandido su influencia económica en Nicaragua, recibiendo miles de millones de dólares en financiación de empresas chinas y ayudando a Nicaragua a construir una nueva red 4G de Huawei, lo que otorgará a China una influencia significativa sobre la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país.
“Las concesiones mineras otorgadas por el régimen también han cedido casi 5.900 millas cuadradas —cerca del 13 por ciento del territorio nicaragüense— a empresas mineras chinas, proporcionando vastas reservas de minerales críticos. Asimismo, el régimen ha transferido oro a empresas chinas para ayudar a financiar la represión interna”, denunció.
Los tres testimonios prestaron especial atención a la creciente influencia de China. Ullmer aseguró que 16 compañías chinas obtuvieron 80 concesiones mineras desde 2023 sobre 1.4 millones de hectáreas, equivalentes al 11 % del territorio de Nicaragua.
Guerra indicó que compañías relacionadas con capital chino recibieron 80 de las 102 nuevas concesiones mineras otorgadas desde enero de 2024.
Guerra también destacó el acercamiento entre las fuerzas de seguridad nicaragüenses y Pekín. Según expuso, el jefe del Ejército, Julio César Avilés, viajó recientemente a China y Rusia para sostener conversaciones en materia de seguridad, mientras el jefe de la Policía, Francisco Díaz, aseguró que 400 agentes nicaragüenses reciben entrenamiento cada año con el Ministerio de Seguridad Pública chino.
La relación con Rusia también fue señalada como un riesgo para Washington. Acevedo recordó que Managua autorizó desde 2022 la presencia de tropas, buques, aviones y equipos militares rusos. Ullmer agregó que Moscú construyó un centro de entrenamiento policial e instaló una estación terrestre de satélites en Managua que habría sido utilizada para vigilancia interna, mientras Guerra indicó que otros 500 policías nicaragüenses reciben anualmente entrenamiento del Ministerio del Interior ruso.
“Nicaragua se ha alineado cada vez más con China, Rusia y otros gobiernos autoritarios adversarios. Estas alianzas suscitan serias preocupaciones respecto a quienes buscan socavar los intereses de Estados Unidos al contar con una plataforma para sus operaciones a menos de 2.000 millas de nuestra frontera sur”, expuso Ullmer.
Concentración de poder
Los expertos coincidieron en señalar las reformas constitucionales como un nuevo paso en la concentración del poder.
Deborah Ullmer recordó que los cambios que entraron en vigor a principios de 2025 elevaron a Murillo a la copresidencia junto a Ortega y aseguró que ocho de los nueve hijos de la pareja ocupan cargos oficiales o administrativos. Guerra agregó que nuevas reformas extenderían los períodos políticos de seis a siete años y trasladarían las elecciones generales de noviembre de 2027 a noviembre de 2028, manteniendo a los actuales copresidentes y a la Asamblea en sus cargos al menos hasta enero de 2029.
La represión contra organizaciones civiles, medios, universidades, opositores y religiosos fue otro de los puntos abordados. Acevedo aseguró que durante los últimos ocho años fueron cerradas casi 5,700 organizaciones no gubernamentales y más de 60 medios de comunicación. También afirmó que hasta comienzos de 2026 se habían prohibido más de 27,000 procesiones o actos de culto y más de 300 figuras religiosas habían sido obligadas al exilio.
Ullmer señaló que el FSLN controla los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, el Ejército, las 153 municipalidades y los dos consejos de las regiones autónomas del Caribe. Además, recordó que 222 presos políticos liberados en febrero de 2023 fueron enviados a Estados Unidos y posteriormente despojados de su nacionalidad y bienes, mientras otros 135 detenidos fueron excarcelados y trasladados a Guatemala en septiembre de 2024.
“A medida que el dúo Ortega-Murillo continúa vaciando de contenido las instituciones, consolidando una dinastía familiar que evoca la era de Somoza y desmantelando la democracia, resulta esencial seguir denunciando los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de las libertades fundamentales que padecen los nicaragüenses, especialmente aquellos que trabajaron en defensa de la democracia a un costo personal enorme”, dijo Ullmer.
La experta del NDI recordó a los 452 nicaragüenses privados de su ciudadanía; a un número incontable de exiliados que se encuentran en una situación de apatridia *de facto* al habérseles impedido regresar a su país; y a los presos políticos restantes —entre ellos el obispo Juan Abelardo Mata—, así como a todos sus familiares que sufren represalias.
En tanto Guerra demandó una respuesta de Estados Unidos “rápida e inequívoca” a la situación de Nicaragua.
“El régimen se ha comprometido a estas reformas porque sabe que no puede ganar unas elecciones justas y busca vincular a un número aún mayor de funcionarios, a largo plazo, con su proyecto autoritario. Estas reformas empujarán a Nicaragua a profundizar su papel como principal aliado de China y Rusia en el hemisferio, y dificultarán que futuros gobiernos democráticos se desvinculen de los adversarios de Estados Unidos”, sentenció Guerra.
Represión transnacional
Los expertos también alertaron sobre la represión contra nicaragüenses fuera del país.
Acevedo señaló que expertos de Naciones Unidas habían confirmado más de una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra exiliados en Costa Rica y Honduras. Ullmer mencionó el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José, y el ataque contra el opositor Reinaldo Picado Miranda, quien recibió tres disparos el pasado 14 de septiembre en la capital costarricense.
Guerra advirtió, además, que un registro independiente contabilizaba 68 presos políticos hasta el 24 de septiembre de 2026, de los cuales 31 habían sido sometidos a desaparición forzada. Ante este escenario, propuso al Congreso estadounidense restricciones a las importaciones de oro nicaragüense, la utilización de la Ley Global Magnitsky contra funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos y un mayor seguimiento a la cooperación que Rusia y China mantienen con Managua.
Acevedo, Ullmer y Guerra coincidieron en reclamar una respuesta más firme de Washington y sus aliados democráticos.
Entre las medidas planteadas figuran aumentar el respaldo a periodistas, activistas y sectores prodemocracia, reforzar las sanciones contra quienes faciliten su evasión, vigilar el comercio del oro y utilizar organismos internacionales para presionar por la recuperación de derechos políticos y civiles, ante un gobierno que, según alertaron, profundiza la represión interna mientras fortalece sus relaciones estratégicas con China y Rusia.
