Las recientes sanciones del Tesoro de Estados Unidos contra Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, junto a funcionarios del sector minero y varias empresas vinculadas a la explotación de oro, han activado una cadena de reacciones entre opositores, analistas y activistas, que coinciden en un mismo diagnóstico: la presión internacional se acerca al núcleo del poder en Nicaragua en pleno aniversario de los sucesos de abril de 2018.
El dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro interpretó las sanciones como un mensaje político directo tras la confiscación de la empresa estadounidense BHMB Mining.
A su juicio, Washington ha incrementado de forma sostenida las medidas contra la dictadura nicaragüense en los últimos meses.
Escalada de sanciones
Chamorro detalló una secuencia de acciones que, según afirmó, reflejan una estrategia escalonada: advertencia de sanciones a funcionarios clave en febrero, pronunciamientos políticos en marzo y sanciones demoledoras en abril.
A ello suma Chamorro las audiencias en el Congreso estadounidense donde se mencionó el caso de lla sostenida represión y persecución religiosa y empresarial en Nicaragua.
También recordó que ha habido, a lo largo de 2026, contactos diplomáticos y advertencias públicas de altos cargos estadounidenses, que han mantenido el tema de Nicaragua en la agenda internacional.
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“El mensaje es claro: la presión sigue creciendo y el círculo se está cerrando”, advirtió Chamorro.
Según su análisis, las sanciones al sector aurífero buscan afectar una de las principales fuentes de divisas del país, cuyas exportaciones alcanzaron cerca de $2,000 millones de dólares en 2025.
El opositor también subrayó el carácter simbólico de incluir a dos hijos del presidente, sin vinculación directa con la industria minera.
“Esto indica que no hay áreas intocables y que el costo político de no negociar una transición democrática seguirá aumentando”, afirmó.
Antecedentes de la presión sobre el oro
Las sanciones se producen tras semanas de advertencias públicas de Richard Grenell, cercano al presidente Donald Trump, quien cuestionó la confiscación del plantel de procesamiento de BHMB Mining.
Grenell denunció que los activos de la empresa estadounidense terminaron en manos de compañías vinculadas a intereses chinos, lo que calificó de “inaceptable”.
Según versiones difundidas por medios nicaragüenses, el Gobierno habría transferido esas operaciones a firmas como Zhong Fu Development y Santa Rita Mining.
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Celebración desde el exilio
Un mes después de esas advertencias, el Tesoro estadounidense formalizó las sanciones contra empresas, representantes legales y familiares del mandatario.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su país no permitirá la confiscación de activos estadounidenses y continuará atacando las fuentes de financiamiento del Ejecutivo nicaragüense.
El exembajador nicaragüense ante la OEA Arturo McFields celebró las medidas y las calificó como un golpe directo al entramado económico del poder.
“Sanciones de oro”, escribió McFields en X, quien sostuvo que las decisiones de Washington apuntan a “toda la red detrás del negocio minero”, que —según afirmó— ha facilitado la cesión de recursos estratégicos a actores extranjeros.
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Golpe al modelo de poder
El activista político Álex Aguirre interpretó las sanciones como un ataque estructural al modelo económico del régimen.
Aseguró que las medidas no afectan a la población, sino a un sistema que, según dijo, convirtió al Estado en una “empresa familiar”.
“El oro no iba a hospitales ni salarios, sino a sostener redes políticas y estructuras opacas”, afirmó. Aguirre consideró que la ofensiva contra el sector minero busca desmontar la base financiera del poder y advirtió que, sin recursos, el control político se debilita.
El activista también llamó a los trabajadores estatales a organizar redes de protección y comunicación, al prever un escenario de mayor presión interna.
Impacto económico y político
Para el activista político exiliado Enrique Martínez, las sanciones representan un “golpe quirúrgico” a la estructura económica del Gobierno.
Martínez sostuvo que la inclusión de familiares presidenciales confirma el carácter cerrado y centralizado del poder en Nicaragua.
“Se bloquean circuitos financieros clave, se restringe el acceso a mercados y se eleva el costo de operar”, explicó.
A su juicio, las medidas forman parte de una estrategia progresiva que busca aislar al Ejecutivo tanto en el plano económico como político. “El mensaje es que ya no hay zonas intocables”, concluyó.
Las sanciones, en conjunto, marcan un nuevo punto de inflexión en la relación entre Washington y Managua, en un contexto donde la presión internacional se intensifica sobre los sectores estratégicos que sostienen al poder en el país centroamericano.
