Estados Unidos intensificó este jueves su presión contra la dictadura de Nicaragua, al combinar nuevas sanciones económicas contra el entorno familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con la suspensión de visas a funcionarios latinoamericanos vinculados a intereses considerados adversos a Washington.
El Departamento de Estado anunció la restricción de visados para 26 individuos en América Latina, bajo una política ampliada que apunta a quienes “apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, según un comunicado oficial.
La medida, aunque de alcance regional, incluye a funcionarios vinculados al aparato político y económico del régimen nicaragüense, al que Washington acusa de promover una agenda alineada con China, Rusia e Irán.
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Presión directa al círculo de poder
El anuncio se produce un día después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtiera que Estados Unidos no permitirá que potencias rivales consoliden su influencia en el hemisferio occidental.
“No vamos a permitir que el hemisferio se convierta en una base de operaciones para adversarios”, afirmó Rubio en declaraciones televisadas, en las que señaló directamente a Nicaragua, Cuba y Venezuela como focos de esa expansión geopolítica.
En ese contexto, el Departamento del Tesoro sancionó también a dos hijos de la pareja dictatorial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
También sancionó a empresas señaladas de participar en esquemas de lavado de oro, una actividad que, según Washington, financia al régimen y facilita la evasión de sanciones internacionales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas redes económicas permiten al régimen nicaragüense mantener liquidez y fortalecer alianzas con actores externos considerados estratégicos por Managua.
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Estrategia regional de contención
El endurecimiento de medidas forma parte de una estrategia más amplia de la Administración del presidente Donald Trump para frenar la influencia de países rivales en América Latina.
Según el Departamento de Estado, la política de restricciones de visas busca enviar una señal directa a funcionarios y élites políticas de la región sobre los costos de alinearse con agendas contrarias a los intereses estadounidenses.
“La Administración continúa trabajando por el pueblo estadounidense y promoviendo la seguridad y prosperidad de nuestra región”, indicó la institución.
Analistas consideran que la inclusión de funcionarios nicaragüenses en estas medidas refuerza el aislamiento internacional del régimen de Ortega y Murillo, que desde 2018 enfrenta sanciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos, represión política y debilitamiento institucional
