Decenas de nicaragüenses en el exilio en Costa Rica expresaron este viernes su preocupación ante la eventual normalización de relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, en el contexto de la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández, y la presencia del canciller sandinista Valdrack Jaentschke en la ceremonia oficial.
Las inquietudes, manifestadas por activistas, analistas y organizaciones civiles, trascienden la presencia del funcionario nicaragüense, señalado por organismos internacionales como operador de la represión transnacional.
Apuntan a un escenario más amplio: un posible giro hacia la reanudación de vínculos diplomáticos plenos entre ambos países, suspendidos de facto desde la crisis sociopolítica de 2018.
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Temor a un cambio de política
Desde ese año, Costa Rica y Nicaragua no cuentan con embajadores en sus respectivas capitales, en medio de tensiones derivadas de denuncias por violaciones a derechos humanos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para la socióloga Elvira Cuadra, el cambio de gobierno en Costa Rica “ha generado expectativa, pero también preocupación”, entre la comunidad de exiliados.
Especialmente ante la posibilidad de continuidad de la política migratoria aplicada por la administración saliente de Rodrigo Chaves, que —según afirmó— no resultó “la más afortunada” para la población refugiada.
Cuadra advirtió que la invitación a Jaentschke podría interpretarse como una señal de apertura diplomática en un contexto regional complejo, por lo que llamó a mantener la postura histórica de Costa Rica en defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
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Más que un gesto protocolario
Diversas voces del exilio coinciden en que la presencia del canciller sandinista no es un hecho aislado ni meramente protocolario.
El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, calificó la invitación como “una señal peligrosa” que podría abrir paso a una normalización de relaciones con un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad.
Arce recordó que informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) vinculan a Jaentschke con decisiones en la represión extraterritorial contra opositores entre 2021 y 2023.
En la misma línea, la activista Claudia Vargas, viuda del opositor asesinado Roberto Samcam, subrayó que el temor principal radica en que se diluya la presión internacional sobre Managua y se debiliten las garantías de protección para los exiliados.
“Lo fundamental es que no se normalice la violencia transnacional ni se reduzca a los refugiados a cifras migratorias”, expresó Vargas.
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Agenda pendiente y presión migratoria
El contexto migratorio añade otra capa de incertidumbre.
Según organizaciones de exiliados, miles de nicaragüenses enfrentan retrasos de varios años en sus solicitudes de refugio en Costa Rica, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, analistas advierten que la nueva administración podría endurecer los controles de ingreso, bajo el argumento de que una parte de los migrantes recientes responde a razones económicas y no políticas.
En este escenario, la comunidad nicaragüense observa con cautela los primeros pasos del gobierno de Fernández, a la espera de señales claras sobre su política exterior y su compromiso con la protección de los exiliados.
Para los exiliados, el debate no se limita a la presencia de un funcionario en un acto oficial, sino al rumbo que podría tomar la relación entre ambos países y sus implicaciones para miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica.
