El impulso a la pretendida Ley de Justicia Tributaria ha pasado a otro nivel y mientras el gobierno anuncia que perseguirá a los organizadores de marchas que rechazan la reforma, la empresa privada insiste en que esta es nociva para la economía del país y colectivos del partido oficialista Libre actúan como pequeños comando listos para ir a la “guerra” con tal de defenderla y que se apruebe en el Congreso.
“Estamos de acuerdo con los controles para evitar abusos en materia tributaria, sin embargo, reiteramos que el proyecto, en la forma como está planteado, tendrá repercusiones en los empleos y las inversiones ya sean grandes o pequeñas”, dijo ayer Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la principal gremial empresarial del país.
“Presidenta Xiomara Castro, el sector privado es su principal aliado para el desarrollo y el bienestar de todos los hondureños. Convóquenos a un gran diálogo nacional para llegar a consensos, a los diputados, a los partidos políticos, trabajadores y a la sociedad civil para que podamos llegar a acuerdos”, agregó.
Sin embargo, la respuesta de Castro fue ordenar, desde el Consejo de Defensa y Seguridad, investigar a los organizadores de una marcha de oposición a la reforma tributaria, la cual se llevó a cabo el 9 de mayo en Choluteca.
La mandataria acusó a empresarios y políticos opositores de estar detrás de las movilizaciones que, dijo, son parte de un plan para desestabilizar el país.
Honduras, hoy más que nunca, necesita unidad, grandes acuerdos y un verdadero plan de crecimiento económico. Su éxito y el de su gobierno, será el éxito de todos los hondureños.
El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, por su parte, dijo que la presidenta debe quitarse la camiseta de Libre, asesorarse bien y dejar de lado los pasionismos.
“No tenía por qué lanzar el mensaje. Lo hizo porque quiere amedrentar o porque tiene temor. El consejo es que se quite la camisa de Libre y se ponga la de Honduras”, argumentó.
Llamado a la calma
El analista político Olban Valladares dijo que la convocatoria al Consejo de Defensa y Seguridad por parte de la presidenta Castro debe ser interpretado con preocupación y pidió que en lugar de dar señales de conflicto lo más conveniente para Honduras es buscar tranquilidad.
“No instiguen, por favor, no estén dando demostraciones de represión porque ese mensaje de una convocatoria al Consejo de Defensa, implica o tira un mensaje subliminal muy peligroso”, externó en relación a las acciones gubernamentales.
Sin embargo, el mensaje presidencial fue tomado por radicales como una especie de declaratoria de guerra. Los colectivos del partido de la gobernante, Libre, se movilizaron desde la noche del miércoles al Congreso, con pancartas rojas y negras, para “defender” la reforma tributaria.
“Una movilización que comienza hoy, con el pueblo autoconvocado en apoyo a nuestra presidenta, en apoyo a nuestro gobierno, estamos haciéndonos presentes con este inicio de esta convocatoria para apoyar la Ley de Justicia Tributaria. Desde este momento el pueblo está organizado, el pueblo está en resistencia permanente”, dijo Yerín Fernández desde los salones bajos del Congreso, mientras usaba una gorra verde olivo, con estrella roja al frente, y chaqueta guerrera
“Mel” detrás de los colectivos
El designado presidencial (vicepresidente) de Honduras acusó al asesor presidencial y esposo de la mandataria, Manuel “Mel” Zelaya, de estar detrás de los colectivos de Libre como el que se apostó en el Congreso.
“Los colectivos son mantenidos, el transporte para que lleguen a los lugares, la comida para que se mantengan en los lugares, los paga Mel Zelaya, ¿De dónde saca el dinero?, de la partida confidencial que se le atribuye a Xiomara”, acusó Nasralla.
De acuerdo al vicepresidente, las decisiones tomadas por Xiomara Castro responden exclusivamente a las pretensiones de Zelaya, un depuesto presidente izquierdista que en 2009 fue echado del gobierno con un golpe de estado tras provocar una crisis política.
Los colectivos de Libre mantienen tomadas clínicas estatales en el interior del país, que impiden que pobladores accedan a servicios médicos, porque demandan cuotas laborales en esos establecimientos.
La propuesta de Ley de Justicia Tributaria, que elimina exenciones fiscales, está en el Congreso Nacional y espera votación. Sin embargo, carece de los apoyos suficientes para aprobarla, por lo que el oficialismo cabildea para llegar a los 65 votos necesarios para volverla realidad.
