El anuncio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de prohibir elecciones en Nicaragua desató una nueva ola de llamados para endurecer la presión internacional, incluyendo la suspensión del país del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Además, voces sugieren la adopción de medidas políticas, diplomáticas y financieras desde organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Las reacciones surgen pocas horas después de que Estados Unidos advirtiera que no permanecerá “de brazos cruzados” frente al nuevo giro autoritario del régimen.
La medida anunciada es considerado por diversos analistas como el paso definitivo hacia la eliminación formal de cualquier posibilidad de alternancia democrática.
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“Ortega cruzó todas las líneas rojas”
El politólogo y opositor nicaragüense Félix Maradiaga afirmó que el régimen ya no solo incumple sus compromisos democráticos, sino que viola de manera abierta los tratados que sustentan la integración regional.
“Desde hace años Ortega está en flagrante violación de todos los documentos fundacionales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), incluyendo el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica”, dijo.
“Además, su salida de la OEA lo pone fuera del marco del sistema interamericano”, sostuvo.
A juicio de Maradiaga, la decisión de eliminar cualquier posibilidad de elecciones competitivas representa un punto de no retorno.
“Con este nuevo anuncio Ortega cruza todas las líneas rojas. El Sistema de Integración Centroamericana debería pronunciarse urgentemente y formalizar la expulsión de Nicaragua del SICA”, enfatizó.
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Piden expulsión de SICA
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, cuestionó que el régimen continúe participando en organismos regionales e internacionales pese al progresivo desmantelamiento de la democracia.
“Ortega ya no realizará elecciones y, sin embargo, sigue gozando de libre comercio con Estados Unidos; es miembro del comité que regula ONG en la ONU; sigue secuestrando sacerdotes y obispos; sigue gozando de membresía en el BID, FMI, Banco Mundial y BCIE; forma parte del SICA con voz y voto como si fuera una democracia. Algo anda mal… muy mal”, escribió en la red social X.
Para diversos sectores opositores, la continuidad de Nicaragua en esos organismos reduce la efectividad de las sanciones individuales impuestas en los últimos años y permite al régimen mantener acceso a financiamiento internacional mientras profundiza la represión interna.
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Piden máxima presión financiera y diplomática
El politólogo y jurista internacional Daniel Zovatto sostuvo que el debate ya no debe centrarse únicamente en describir el deterioro democrático de Nicaragua, sino en definir acciones concretas para responder a la consolidación de un modelo autoritario.
Según Zovatto, el país se asemeja cada vez más “al modelo de Corea del Norte”, convertido “en una finca privada de la familia Ortega-Murillo” en Centroamérica.
El analista propuso que Estados Unidos, Canadá y las democracias de América Latina y el Caribe impulsen una estrategia coordinada de máxima presión financiera y económica.
La misma debe otorgar un plazo para revertir la eliminación de la competencia electoral, restablecer las libertades fundamentales, respetar los derechos humanos y desmontar el Estado policial.
Si ello no ocurre, planteó activar medidas políticas, diplomáticas y financieras tanto en la OEA y el SICA como en organismos financieros multilaterales, entre ellos el BCIE, el BID, el FMI y el Banco Mundial.
“Si Estados Unidos afirma estar comprometido con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y las elecciones libres en el hemisferio, este es el momento de demostrarlo”.
“La credibilidad de esa política dependerá de que se aplique con la misma firmeza y sin dobles estándares”, afirmó.
Escenario de confrontación internacional
Desde la crisis iniciada con la represión de las protestas de 2018, organismos internacionales han calificado las acciones de Ortega y Murillo contra los opositores como constitutiva de crímenes de lesa humanidad.
En amplios y detallados informes, se revela que el régimen de Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado progresivamente el sistema democrático mediante el encarcelamiento y destierro de opositores.
Tambien ha ilegalizado partidos políticos, el cierre de miles de organizaciones civiles, la confiscación de universidades y medios de comunicación, la expulsión de organismos internacionales y la desnacionalización de centenares de críticos.
El reciente anuncio de que el régimen no permitirá elecciones que puedan poner en riesgo la permanencia del oficialismo en el poder es considerado por analistas como “la institucionalización de un sistema de partido único”, como en Cuba, China y Corea del Norte.
Por ello se han intensificado las demandas para que la comunidad internacional deje de tratar a Nicaragua como un Estado democrático y eleve significativamente el costo político, diplomático y financiero de la continuidad del régimen.
