Apenas horas después de que Estados Unidos advirtiera que “no se quedará de brazos cruzados” ante el anuncio del dictador Daniel Ortega de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, puso en marcha este martes el proceso para convertir esa decisión en ley.
El Parlamento informó que iniciará “los análisis necesarios” para elaborar un plan de trabajo destinado a cumplir las “orientaciones presidenciales” anunciadas por Ortega durante el acto del 47 aniversario de la revolución sandinista.
Asimismo, convocó a sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), institución controlada por el régimen, para definir los “pasos constitucionales, legales y formales” que permitan impulsar las reformas al sistema electoral.
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Promesa dictatorial en marcha
La decisión constituye el primer movimiento institucional para plasmar en el ordenamiento jurídico la promesa de Ortega de impedir cualquier alternancia política en Nicaragua.
Durante su discurso del pasado domingo, el anciano sandinista aseguró que no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición disputar el poder.
A la vez anunció nuevas leyes para impedir cualquier intento de reorganización de los adversarios del régimen.
El comunicado divulgado por la Asamblea deja entrever que las reformas serán tramitadas con carácter prioritario, al señalar que el órgano legislativo fue convocado para cumplir los “mandatos” recibidos el 19 de julio.
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Advertencia de Washington
La decisión del Parlamento se produjo pocas horas después de la contundente reacción de Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la Administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados” mientras la dictadura de Ortega y Rosario Murillo profundiza la represión y elimina los últimos vestigios democráticos del país.
Rubio sostuvo que las declaraciones de Ortega demuestran que el régimen “ha abandonado incluso la pretensión de contar con el consentimiento popular”.
Por ello exhortó a la comunidad internacional a incrementar la presión diplomática sobre Managua.
A esas críticas se sumaron el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, así como legisladores estadounidenses y europeos, quienes consideraron que el anuncio constituye la admisión pública del abandono definitivo de cualquier apariencia democrática.
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Dos décadas de concentración del poder
Ortega regresó al poder en enero de 2007 tras imponerse en las elecciones de 2006 con poco más del 38 % de los votos, favorecido por una reforma electoral que redujo el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.
Desde entonces, organismos nacionales e internacionales han denunciado una creciente concentración del poder mediante reformas constitucionales, el control de todas las instituciones del Estado, procesos electorales cuestionados por fraude, persecución de opositores y restricciones a las libertades públicas.
La crisis alcanzó su punto más grave en abril de 2018, cuando la represión de las protestas cívicas dejó centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Expertos sobre Nicaragua de la ONU han concluido que ala dictadura comete crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces, el régimen ha encarcelado o expulsado del país a dirigentes opositores, periodistas, sacerdotes, empresarios, estudiantes y defensores de derechos humanos, además de despojar de la nacionalidad a cientos de críticos.
Las elecciones de 2021 se celebraron con los principales aspirantes presidenciales presos o inhabilitados, mientras el nuevo proceso de reformas anunciado este martes apunta a institucionalizar la desaparición definitiva de cualquier competencia electoral en Nicaragua.
