El anuncio en plaza pública del dictador Daniel Ortega de que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” provocó una inmediata ola de condenas dentro y fuera del país, tras volverse viral la demencial decisión.
Hubo pronunciamientos de organismos internacionales, gobiernos vecinos y dirigentes opositores que interpretan sus palabras del anciano dictador como la confirmación del abandono definitivo de cualquier apariencia de democracia.
Las reacciones surgieron horas después del discurso pronunciado durante el acto oficial por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el pasado domingo 19 de julio.
Ahí un Ortega demacrado y cancaneante, afirmó que no permitirá procesos electorales que puedan llevar a la oposición al poder y adelantó que la Asamblea Nacional impulsará “un muro de leyes” contra los “golpistas” y “vendepatrias”.
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OEA condena
La respuesta internacional más contundente llegó desde la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Su secretario general, Albert R. Ramdin, aseguró que el régimen nicaragüense “ha hecho ahora explícito lo que sus acciones habían demostrado desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella”.
En un mensaje divulgado en la red social X, Ramdin sostuvo que eliminar las elecciones constituye “la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno”.
Además recordó que los comicios libres, justos y periódicos son un elemento esencial de la democracia representativa.
También advirtió que el deterioro democrático en un país americano tiene repercusiones regionales y afirmó que la OEA continuará defendiendo los derechos democráticos del pueblo nicaragüense.
Costa Rica también reaccionó oficialmente.
Mediante un comunicado, su Cancillería reafirmó su compromiso con la celebración de elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en Nicaragua, al tiempo que expresó su preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes.
San José recordó además que nunca reconoció los resultados de las elecciones generales de 2021 por considerar que carecieron de las garantías democráticas necesarias.
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Diputados ticos con los nicaragüenses
La condena costarricense fue respaldada por la Asamblea Legislativa.
El diputado Wilson Jiménez, del partido Pueblo Soberano, informó que junto con la bancada oficialista promovió una moción para condenar las declaraciones de Ortega y expresar solidaridad con los perseguidos políticos nicaragüenses.
Costa Rica continúa siendo el principal destino de decenas de miles de nicaragüenses que han abandonado su país desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, huyendo de la represión y la persecución política.
La administración Ortega-Murillo respondió rápidamente al pronunciamiento costarricense.
En una nota diplomática rechazó las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, invocó el principio de no intervención en asuntos internos y sostuvo que Nicaragua nunca ha interferido en los problemas internos del país vecino.
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Oposición ve miedo y no fortaleza
Entre la oposición nicaragüense prevalece la interpretación de que el anuncio refleja debilidad política más que una demostración de fuerza.
El exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro afirmó que Ortega simplemente hizo pública una aspiración que ha manifestado durante años: transformar Nicaragua en un Estado de partido único semejante a China, Corea del Norte o Cuba.
Según Chamorro, el mandatario considera indeseables los partidos políticos porque, a su juicio, dividen a las sociedades.
Sin embargo, el dirigente opositor considera que la decisión responde también al aumento de las presiones nacionales e internacionales para buscar una salida democrática a la crisis política.
“Ayer Ortega se quitó una máscara más”, sostuvo Chamorro al asegurar que el dictador reacciona precisamente al incremento de esas presiones, impulsadas por la oposición, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y la propia OEA.
Incluso planteó como hipótesis que el régimen podría sustituir las elecciones presidenciales por mecanismos internos de designación dentro del oficialismo, similares a los utilizados por regímenes de partido único.
Diversos analistas coinciden en que la declaración representa una confesión de temor a perder el control político y el poder económico.
Según esa lectura, pese a mantener bajo su control las principales instituciones del Estado, el régimen evidencia que no confía en poder imponerse siquiera en un proceso con mínimas condiciones de competencia electoral.
Analistas prevén mayor aislamiento
El sociólogo Óscar René Vargas considera que Ortega podría buscar ahora una reforma constitucional mediante una Asamblea Nacional convertida en constituyente para extender por decreto el mandato presidencial, evitando cualquier consulta popular.
Otros opositores, entre ellos Félix Maradiaga, sostienen que las declaraciones oficializan una realidad existente: la consolidación de una tiranía dinástica y de partido único.
La excomandante guerrillera Dora María Téllez interpretó el discurso del 19 de julio como una muestra de “máxima debilidad” del régimen.
Según su análisis, el deterioro físico del gobernante, la escasa capacidad de movilización espontánea y la necesidad de exhibir un amplio despliegue militar reflejan el temor de la pareja dictatorial ante una eventual transición democrática.
También sostuvo que el fracaso de organizar unas nuevas elecciones controladas habría llevado finalmente al régimen a prescindir completamente de ellas.
Las declaraciones de Ortega, lejos de cerrar el debate político, han intensificado las advertencias de la comunidad internacional y de la oposición sobre el creciente aislamiento diplomático de Nicaragua y el definitivo abandono de los mecanismos democráticos como vía para la sucesión del poder.
