Los diputados del partido Frente Amplio, Ariel Robles y Jonathan Acuña, denunciaron este viernes ante el Ministerio Público al presidente Rodrigo Chaves por presunto tráfico de influencias, tras los contratos otorgados al asesor del mandatario, Christian Bulgarelli.
Los denunciantes además pidieron que se incluya en la investigación al presidente ejecutivo Sinart, Fernando Sandí; el presidente ejecutivo de Recope, Juan Manuel Quesada; la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros; y al propio Bulgarelli.
La denuncia se debe a la respuesta que recibió el diputado Acuña de parte de Ana Katharina Muller, ministra de Educación, quien afirmó que Christian Bulgarelli es asesor del presidente.
El asunto se pone en evidencia por el caso de la empresa del productor audiovisual Bulgarelli, RMC, la que supuestamente fue beneficiada con contratos evadiendo los concursos públicos con Sinart y Recope.
“La ministra reconoce al señor Christian Bulgarelli como asesor de comunicación del presidente y Christian Bulgarelli ha recibido contratos millonarios, varios de ellos de manera directa, a dedo”, aduce el diputado costarricense Acuña.
Los diputados agregan que al tener vínculos cercanos con Casa Presidencial, se podría estar en presencia de un delito de tráfico de influencias, en el entendido que Bulgarelli es una persona cercana y de confianza del mandatario y es, además, parte del equipo de Comunicación del despacho presidencial.
Además, se estima de acuerdo con los denunciantes que tanto Chaves como los demás altos funcionarios intervinieron a su favor para que obtuviera jugosos contratos. A lo que según los diputados, estas acciones violentan el Artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública.
El artículo que hacen alusión los diputados determina que “Artículo 52.-Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con éste o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior”.
Dicha ley estima de igual manera, una agravante de este delito en caso de figura presidencial participe, “Los extremos de la pena señaladas en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente…”, además de otros altos funcionarios públicos que registra la misma.
“Esto debe ser investigado por la Fiscalía y que se indague sobre las posibilidades de un conflicto de intereses, que tráfico de influencias en las que se esté orientando a que se den contrataciones de este tipo a personas cercanas y participación activa con el Gobierno de la República”, añadió el diputado.
