El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) planteó que Estados Unidos y otros actores internacionales aumenten la presión sobre el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante las reformas que profundizan la concentración del poder en Nicaragua. El análisis señala que las recientes modificaciones constitucionales abren paso a una sucesión de carácter dinástico y reducen todavía más los espacios para la oposición.
El documento destaca la reforma aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional el 1 de septiembre, que amplía de seis a siete años el período presidencial y extiende también los mandatos de otros cargos electos y jefaturas militares y policiales. Además, permitiría excluir de procesos electorales a personas vinculadas con intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero, sanciones internacionales, acciones contra la soberanía o que sean consideradas “traidoras” a la nación.
El CSIS considera que la ampliación de los períodos también podría facilitar una futura transferencia del poder dentro de la familia Ortega-Murillo. El análisis identifica a Rosario Murillo como la principal figura para preservar el proyecto político de Ortega y menciona a Laureano Ortega Murillo como otro actor relevante dentro de una eventual sucesión familiar, aunque advierte que la reacción de las Fuerzas Armadas, sectores empresariales y otros grupos de poder continúa siendo una incógnita.
El centro de estudios también señala un fortalecimiento de los vínculos de Managua con China y Rusia, especialmente en los ámbitos económico y de seguridad.
La crisis nicaragüense también tendría consecuencias regionales, según el CSIS, debido al desplazamiento de ciudadanos, la migración irregular y la denominada represión transnacional. El documento cita estimaciones de 838,363 nicaragüenses que salieron del país desde 2018 y señala que Costa Rica recibió a más de 200,000 migrantes nicaragüenses hasta 2023. También recoge denuncias sobre vigilancia, amenazas y ataques contra opositores exiliados.
Ante este escenario, el CSIS propone que Estados Unidos aumente las sanciones específicas contra funcionarios, familiares y entidades relacionadas con actos de represión y corrupción, además de incrementar la presión sobre el sector aurífero. El análisis también plantea que Washington podría estudiar la suspensión de beneficios comerciales de Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), además de considerar aranceles adicionales.
El centro de estudios plantea que la Unión Europea evalúe las disposiciones políticas y de derechos humanos contenidas en su Acuerdo de Asociación con Centroamérica y considere ampliar las sanciones contra intereses económicos relacionados con Ortega y Murillo. Asimismo, recomienda que los países accionistas de organismos financieros internacionales refuercen la supervisión de los recursos destinados a Nicaragua y condicionen futuros financiamientos soberanos a parámetros de gobernanza y derechos humanos, preservando al mismo tiempo la ayuda humanitaria.
Finalmente, el CSIS recomienda que Estados Unidos y sus socios se preparen para un eventual escenario político posterior a Ortega mediante un mayor respaldo a medios independientes, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y esfuerzos para cohesionar a la oposición democrática en el exilio.
El centro considera que la respuesta internacional debe coordinar mecanismos de presión y rendición de cuentas sin adoptar medidas generales que afecten desproporcionadamente a la población nicaragüense.
