La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos en Guatemala condenó las diligencias del Ministerio Público en sedes donde se realizaba la votación del Colegio de Abogados y Notarios.
El proceso electoral busca elegir magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad.
Según la misión, las acciones incluyeron allanamientos, inspecciones y aseguramiento de documentos en centros de votación. Además, las diligencias ocurrieron mientras la jornada electoral estaba en curso.
Riesgos para el sufragio y la legitimidad electoral
La OEA advirtió que estas medidas representan un riesgo constitucional. En particular, señaló que pueden interferir con el ejercicio libre del sufragio.
También alertó sobre un posible efecto intimidatorio en votantes y autoridades electorales gremiales. Asimismo, indicó que las diligencias pueden afectar la cadena de custodia del material electoral.
Por lo tanto, la misión sostuvo que estas acciones pueden comprometer la continuidad, validez y legitimidad del escrutinio y de los resultados.
La Misión Especial de la #OEA en #Guatemala condena la inaceptable intervención del Ministerio Público en centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios durante la elección de magistratura ante la Corte de Constitucionalidad
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— OEA (@OEA_oficial) February 13, 2026
Elección de segundo grado y equilibrio democrático
La misión recordó que las elecciones de segundo grado influyen en la integración de la Corte de Constitucionalidad. En consecuencia, forman parte del núcleo del orden democrático.
Además, subrayó que estos procesos impactan el sistema de pesos y contrapesos del Estado. Por ello, cualquier actuación estatal debe cumplir estándares estrictos de constitucionalidad y legalidad.
La OEA reconoció que el Estado tiene la obligación de investigar posibles delitos. Sin embargo, afirmó que la persecución penal no debe ejecutarse de forma que afecte una elección en curso.
Condenamos rotundamente el allanamiento ejecutado por el MP en la Asamblea del CANG, así como cualquier otra acción con el fin de intimidar y limitar la participación en la jornada electoral.
Lo ocurrido constituye una afrenta grave contra la independencia institucional y contra… pic.twitter.com/QkwMwJSrcn
— Consejo Nacional Empresarial (@_CNEgt) February 13, 2026
Cuando una intervención coincide con una fase decisiva, advirtió la misión, surge el riesgo de que el instrumento penal incida en el resultado electoral.
Preocupación por autorización judicial
La misión también expresó preocupación porque las diligencias contaron con autorización judicial. Según indicó, las medidas intrusivas en contexto electoral requieren motivación estricta y proporcional.
En especial, deben evaluarse con mayor rigor cuando pueden interferir en un proceso gremial con efectos constitucionales directos.
#EnElPaísDCA | En el marco del cierre de votaciones en la zona 13, la fiscal Leonor Morales se presentó ante la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gálvez, para notificarle una orden de secuestro de sus dispositivos móviles.
Ante el… pic.twitter.com/Jml6sXereT
— Diario de Centro América (@DiariodeCA) February 13, 2026
Exigencias y llamados de la OEA
Ante este escenario, la OEA exigió garantizar de inmediato la continuidad irrestricta de la jornada electoral. Además, pidió evitar interferencias físicas, documentales o administrativas.
Asimismo, instó al Ministerio Público a canalizar cualquier investigación por vías posteriores y no disruptivas.
También exhortó a las autoridades judiciales a ejercer un control estricto de legalidad, necesidad y proporcionalidad en sus decisiones.
Finalmente, recordó que la integridad de las elecciones de segundo grado es un componente esencial de la gobernanza democrática.
