En un acto sin precedentes, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la cancelación y expoliación de 1,500 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, marcando la mayor confiscación masiva de bienes en la historia reciente del país.
Con esta medida, el régimen suma más de 5,100 ONG eliminadas y sus bienes confiscados desde 2018, en un proceso que ha sido criticado por la comunidad internacional como un ataque sistemático contra la sociedad civil.
La cancelación de estas 1,500 ONG, que incluyen en su mayoría a iglesias cristianas, se produce bajo la acusación de que estas entidades no reportaron sus estados financieros por periodos que varían entre uno y 35 años, según el Acuerdo Ministerial No. 38-2024-OSFL emitido por el Ministerio del Interior.
Entre las 1,500 ONGs clausuradas por la dictadura, la mayoría son iglesias evangélicas, entre ellas se encuentra Rios de Agua Viva del reverendo y aliado del sandinismo, Omar Duarte. pic.twitter.com/Tmv9HvPeQM
— Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) August 19, 2024
Esta supuesta falta de transparencia habría impedido la “vigilancia y control” por parte de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, según señala el gobierno.
El acuerdo establece que la Procuraduría General de la República será responsable de transferir todos los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones al Estado de Nicaragua, consolidando así una nueva fase de control estatal sobre los recursos que previamente pertenecían a la sociedad civil.
Nuevo modelo de alianzas y purgas internas
Este cierre masivo de ONG se produce en el contexto de la implementación de un nuevo modelo de “alianzas” obligatorias entre organizaciones civiles y la dictadura, anunciado recientemente por la co dictadora Rosario Murillo.
Bajo este modelo, las ONG están obligadas a presentar sus programas y proyectos para ser trabajados en conjunto con instituciones estatales, eliminando cualquier vestigio de autonomía y sometiéndolas al control directo del régimen.
Además, las exoneraciones fiscales que antes beneficiaban a las ONG han sido eliminadas, incrementando aún más la presión sobre estas organizaciones.
Estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia del gobierno de Ortega-Murillo para desmantelar cualquier forma de oposición o independencia en la sociedad civil, en paralelo a una campaña de despidos y purgas internas dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Desde 2018, cuando comenzaron las protestas masivas contra el régimen y la consecuente represión estatal, más de 5,100 ONG han sido clausuradas en Nicaragua.
Esta política ha sido calificada como un intento del régimen por consolidar su poder absoluto, eliminando cualquier espacio para la disidencia y apropiándose de los recursos que alguna vez estuvieron destinados a beneficiar a la población nicaragüense.
