La percepción de inseguridad en Nicaragua ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, en un contexto marcado por la liberación masiva de reos comunes y el incremento de la vigilancia estatal.
Así lo descata un estudio divulgado en San José, Costa Rica, por la organización Hagamos Democracia.
El 76,1 % de los nicaragüenses considera que la criminalidad ha aumentado en el país, frente al 63,7 % que tenía esa percepción en diciembre de 2025.
Eso representa un incremento de 12,4 puntos porcentuales en apenas tres meses, de acuerdo con el sondeo realizado en marzo de 2026 en 40 municipios.
El informe señala que esta percepción “desmonta la narrativa oficial de control absoluto y seguridad”, al reflejar un deterioro del entorno social que coincide con denuncias de represión política y vigilancia generalizada.
Liberaciones e inseguridad ciudadana
El aumento de la inseguridad se produce en paralelo a la política de liberación de reos comunes bajo el régimen de “convivencia familiar”, impulsada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde 2014 hasta abril de 2026, las autoridades han excarcelado a al menos 64.816 presos comunes, incluidos 2.400 liberados solo en lo que va de 2026, según registros oficiales recopilados por medios independientes.
Aunque el régimen sostiene que estas medidas buscan la reinserción social, sectores críticos advierten que han contribuido a una mayor sensación de inseguridad en la población.
En el detalle del sondeo, los ciudadanos reportan un aumento en asesinatos (de 7,5 % a 9,7 %), acoso callejero (de 4,5 % a 9,5 %) y hurtos (de 7,0 % a 8,2 %), mientras que los robos y femicidios muestran descensos relativos.
Vigilancia y control social
El estudio también documenta un incremento en la percepción de vigilancia digital y social.
Un 42,5 % de los encuestados afirma sentirse monitoreado en redes sociales o dispositivos electrónicos, frente al 35,6 % registrado en diciembre pasado.
Además, el 79,6 % de quienes tienen familiares en el sector público reporta casos de represión laboral, que incluyen asistencia obligatoria a actividades partidarias, revisión de celulares y vigilancia de perfiles en redes sociales.
A nivel comunitario, el 86,1 % de los consultados percibe algún tipo de vigilancia en su entorno, atribuida principalmente a estructuras como los Consejos del Poder Ciudadano, la Policía y grupos parapoliciales.
Los autores del informe concluyen que estos datos reflejan “una expansión y sofisticación de los mecanismos de control”, que combinan el aumento de la criminalidad percibida con un entorno de vigilancia permanente, lo que profundiza la sensación de vulnerabilidad entre la ciudadanía.