Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU denunció que la dictadura de Nicaragua financia la represión contra opositores mediante el desvío de fondos públicos y el uso de una red transnacional de espionaje dirigida también contra personas exiliadas. El documento también pide a la comunidad internacional aumentar la presión para garantizar justicia y protección a las víctimas.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sostiene que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría desviado fondos estatales para sostener un aparato represivo que opera tanto dentro como fuera del país.
Según el documento, desde las protestas de 2018 se habrían canalizado recursos públicos hacia estructuras vinculadas al partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para financiar operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades políticas.
“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, agregó Simon.
Los expertos indicaron que parte del dinero destinado originalmente a programas sociales, proyectos municipales o gastos administrativos fue redirigido para financiar acciones represivas, entre ellas el operativo contra manifestantes conocido como “Operación Limpieza”.
Vigilancia transnacional
El informe también describe una red de vigilancia transnacional que incluye a instituciones del Estado como el ejército, la policía, autoridades migratorias, el ente regulador de telecomunicaciones TELCOR y representaciones diplomáticas.
De acuerdo con la investigación, esta estructura habría sido utilizada para monitorear, intimidar y hostigar a nicaragüenses que viven en el extranjero, mediante vigilancia digital, campañas de difamación, hackeo de datos personales y presión contra familiares que permanecen en el país.
“El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
“La represión en Nicaragua no es improvisada: está estructurada y financiada bajo un esquema de corrupción”, subrayó Brody.
El reporte también menciona la situación de cientos de opositores que han sido despojados de su nacionalidad o enfrentan obstáculos para renovar documentos, lo que ha dejado a muchos en condiciones cercanas a la apatridia.
Según el informe, el gobierno ha retirado arbitrariamente la nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles en situación de apatridia de facto y ha impedido el regreso de numerosos exiliados al país.
Los expertos concluyen que las violaciones documentadas desde 2018 podrían constituir crímenes de lesa humanidad y llamaron a los Estados a impulsar mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluyendo sanciones y procesos judiciales bajo jurisdicción universal.