La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, advirtió que el sistema de pensiones costarricense enfrenta al menos 3 factores clave que podrían amenazar su sostenibilidad, entre ellos, el rápido envejecimiento de la población, la baja natalidad y la conste informalidad laboral.
Durante su participación en el Seminario Internacional sobre Sistemas Previsionales, la mandataria explicó que entre los retos se encuentra que la esperanza de vida actual de los costarricenses es de 81 años, pero que para 2050 aumentará a 84 años, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Además, que se ha reportado una notable baja en la tasa de natalidad en Costa Rica. Se calcula que el promedio de hijos por cada mujer es de 1.19, lo que indica que la natalidad está por debajo de la tasa de reemplazo requerida para mantener el crecimiento de la sociedad costarricense.
“Este escenario nos plantea nuevas responsabilidades. Hacia el año 2050, una de cada cuatro personas en Costa Rica tendrá 65 años o más, más del doble de la proporción actual, lo que nos convierte en uno de los países más avanzados de América Latina en su proceso de envejecimiento poblacional”, dijo Fernández.
La región con mismos desafíos
Fernández advirtió que Costa Rica no es el único país de la región que se enfrenta al desafío “de tener menos trabajadores activos por cada persona jubilada”. A esto se suma, el reto del gobierno de incorporar más trabajadores al mercado laboral formar para “la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social”.
Agregó que por ello es necesario trabajar en la necesidad de incorporar a más mujeres, personas jóvenes y trabajadores de mayor edad al mundo laborar.
“Necesitamos construir sociedades que aprovechen de mejor manera tanto la energía de los jóvenes como la experiencia de las personas mayores, promoviendo una mayor integración laboral entre generaciones”, afirmó la mandataria.
La presidenta Fernández aseguró que el sistema de pensiones no solo se basa en temas financieros y técnicos, sino que incluye la responsabilidad y el compromiso de proteger a los más vulnerables. La baja natalidad en Costa Rica ha llevado al cierre de escuelas y a la disminución de grupos de estudio.