El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas revela una dimensión especialmente alarmante de la represión ejercida por el régimen sandinista: la transnacional la encabeza el propio canciller Valdrack Jaentschke.
Según el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los expertos señalan que el cocanciller de la dictadura de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo encabeza una banda de 26 funcionarios que reprimen y persiguen a opositores y exiliados dentro y fuera de Nicaragua.
De acuerdo al documento, la dictadura ha construido una estructura estatal destinada a vigilar, intimidar y atacar a opositores en el exilio mediante el uso de organismos de seguridad, estructuras partidarias y personal diplomático.
El informe describe lo que denomina una “arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia” dirigida contra opositores, periodistas, activistas y ciudadanos nicaragüenses que huyeron del país tras la represión iniciada en abril de 2018.
Espionaje y presión contra el exilio
Esa red, según el GHREN, la encabeza desde 2021 Jaentschke e involucra al Ejército, la policía sandinista, autoridades migratorias, estructuras del partido gobernante y misiones diplomáticas.
De acuerdo con el informe, el funcionario participó en la estrategia de represión y coordinó actividades de inteligencia, mientras se desempeñó como ministro consejero en Guatemala, Honduras y Costa Rica, y también cuando ejerció como asesor presidencial.
Ellos operan en coordinación para monitorear y hostigar a miles de exiliados, especialmente en Costa Rica, donde reside la mayor comunidad nicaragüense fuera del país.
Los expertos señalan que el régimen ha convertido su aparato estatal en una herramienta para perseguir a la disidencia incluso fuera del territorio nacional.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie se interponga en el camino del régimen”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del GHREN.
Uno de los aspectos más controvertidos del informe es el uso de misiones diplomáticas nicaragüenses como plataformas para operaciones de inteligencia contra opositores en el extranjero.
El documento confirma que el aparato diplomático, bajo coordinación del ex agente de seguridad Jaentschke se ha convertido en una extensión de la maquinaria represiva del régimen.
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Métodos de espionaje y persecución
El informe detalla que las operaciones incluyen vigilancia física y digital, interceptación de comunicaciones, uso de spyware, campañas de difamación en redes sociales, amenazas directas y presión contra familiares que permanecen en Nicaragua.
También documenta medidas administrativas utilizadas como herramientas de castigo político, entre ellas la privación arbitraria de nacionalidad a 452 nicaragüenses, la negativa a emitir documentos oficiales y la prohibición de ingreso al país para miles de ciudadanos.
Estas prácticas han dejado a numerosos exiliados en condición de apatridia de facto, sin acceso a pasaportes o documentos básicos para trabajar y desplazarse.
Los expertos advierten además que fondos públicos fueron desviados para sostener esa estructura represiva.
El papel de la diplomacia del régimen
“El mal uso y el desvío de recursos del Estado han contribuido directamente a graves violaciones de derechos humanos”, señaló Reed Brody, miembro del grupo investigador.
El GHREN sostiene que al menos 26 funcionarios y operadores del régimen, junto con estructuras del Ejército, la Policía y el Ministerio de Gobernación, forman parte de un sistema destinado a perseguir disidentes más allá de las fronteras.
Para el GHREN, estas prácticas constituyen una política estatal deliberada de represión transnacional, que no solo vulnera los derechos de los exiliados, sino que también viola la soberanía de los países donde se desarrollan esas operaciones.
Amenazas y ataques contra críticos
El informe también menciona casos de agresiones e intentos de asesinato contra opositores en el exterior, lo que evidencia una escalada de violencia contra la diáspora nicaragüense.
Entre los episodios citados figura el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del exmayor del Ejército Roberto Samcam, quien había denunciado públicamente la existencia de redes de espionaje vinculadas al régimen sandinista.
Para los expertos de la ONU, estos hechos muestran que la represión en Nicaragua ya no se limita al territorio nacional.
Ante este panorama, el GHREN instó a la comunidad internacional a reforzar la protección de los exiliados nicaragüenses y a impulsar mecanismos de justicia que permitan investigar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en estas operaciones.