La dictadura de Nicaragua anunció este jueves su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un día después del informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU que denunciaron que el régimen ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
El retiro del consejo fue anunciado por la codictadora nicaragüense, Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega en una transmisión en los medios gubernamentales.
La codictadora informó que envió una misiva al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señor Jürg Lauber, donde Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse de ese organismo.
“Estamos haciendo llegar a esos organismos que no cumplen con la misión para la que fueron creados, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señor Jürg Lauber, una misiva donde hacemos referencia al autodenominado informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua”, informó Murillo.
En el informe, Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua, dijo que “desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total”.
“En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua. Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo “los ojos y oídos” que permiten obtener y mantener control total sobre las personas, acotó Simon.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que el régimen del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población —tanto dentro como fuera de Nicaragua— enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas.
Murillo reaccionó iracunda y sostuvo que no reconoce el informe y las calificó como “una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los Derechos Humanos, usándolos como pretexto para injerencia en los asuntos internos de los Estados y para irrespetar la soberanía nacional”.
“El autodenominado grupo de expertos, la oficina del alto comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense”, dijo Murillo.
“Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites”, subrayó la dictadora.
El informe del Grupo de Expertos
El informe, presentado el miércoles, responsabiliza directamente a Ortega y Murillo de ordenar una represión sistemática contra la población civil desde 2018, mediante el uso coordinado de fuerzas policiales, militares y grupos paramilitares.
Según el documento, se cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias con el objetivo de eliminar cualquier forma de disidencia.
Con esta decisión, el régimen de Ortega-Murillo profundiza su aislamiento de los principales foros de derechos humanos. En 2023, Nicaragua abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde hace años ignora las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Además, en la nueva Constitución eliminó el artículo que garantizaba a los nicaragüenses el derecho a no ser torturados, rompiendo con ello el acuerdo firmado dentro del Comité contra la Tortura.
El informe documenta que el 20 de abril de 2018, altos mandos del Ejército participaron en una reunión en la que se definió una estrategia para sofocar las protestas mediante el uso de la fuerza letal.
En la reunión, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial que instaba a “neutralizar” a los manifestantes.
El Grupo de Expertos también detalla que instituciones estatales, como el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), fueron utilizadas para vigilar y perseguir a opositores, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) bloqueó el acceso a hospitales a los heridos durante la represión.
El régimen no respondió a las 16 solicitudes de información enviadas por el Grupo de Expertos antes de la publicación del informe.
El retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos no detendrá los esfuerzos internacionales por llevar a juicio a los responsables de los crímenes documentados, estiman los expertos de la ONU.
Expertos han señalado que las pruebas recopiladas podrían ser presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde organizaciones de derechos humanos han solicitado la apertura de una investigación contra Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad.
Pese al intento del régimen de desconocer los informes de la ONU, organismos internacionales advierten que la retirada de Nicaragua del Consejo no exime al país de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
