La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo extender su permanencia al menos 7 años más a partir de 2028.
La aprobación ocurrió en una sesión especial celebrada en una plaza pública de la ciudad colonial de León, ubicada a unos 95 kilómetros al noroeste de Managua, ante simpatizantes sandinistas, funcionarios estatales y miembros de las fuerzas de seguridad.
El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, sometió la reforma a votación a mano alzada después de pedir a los asistentes que se pusieran de pie quienes respaldaban “el mandato” de Ortega y Murillo.
“Se aprueba en forma unánime en lo general”, declaró ante la multitud.
La modificación fue aprobada después de 36 días de una denominada “consulta nacional” organizada por el propio régimen, luego de que Ortega anunciara el pasado 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
La declaración provocó condenas internacionales y llevó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a preparar una reunión de cancilleres para analizar nuevas respuestas frente a la crisis política del país.
Lea más: Septiembre clave en Nicaragua: presión internacional en Estados Unidos, OEA y ONU
Siete años renovables… por ellos mismos
Los cambios constitucionales modifican 13 artículos de la Carta Magna y establecen que los períodos de gobierno pasarán de seis a siete años prorrogables.
La ley cubre a los cargos de copresidentes, funcionarios de elección popular, jefaturas del Ejército y la Policía, así como otros puestos de designación estatal.
La nueva normativa también amplía el control político del Ejecutivo sobre las instituciones públicas y otorga al Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo control de Ortega y Murillo, facultades para cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos.
Además, impide participar en procesos electorales a los ciudadanos considerados por el régimen como “traidores a la patria” o “golpistas”, términos utilizados contra opositores expulsados del país y desnacionalizados tras la crisis política iniciada en 2018.
Otro cambio establece que la toma de posesión presidencial será el 18 de enero, en sustitución del 10 de enero, una fecha que coincidía con el aniversario del asesinato del periodista y opositor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Lea también: Dictadura de Nicaragua aprobará en septiembre reforma constitucional para ampliar poder de Ortega y Murillo
Una “consulta” a medida
El proceso de consulta estuvo limitado a sectores afines al régimen. No participaron partidos opositores, organizaciones civiles independientes ni voces críticas del régimen.
Al concluir el pasado 28 de agosto, el dato de “consultados” era de 200,000. Ayer el dato era otro: 300,000 consultados que aplaudieron la reforma.
Entre los invitados estuvieron funcionarios estatales, mandos del Ejército y la Policía, representantes diplomáticos acreditados en Managua, algunos sectores económicos y laborales.
Destacaron los hijos de Ortega y Murillo, quienes respaldaron públicamente la reforma que amplía el poder de sus padres y de la estructura política de la que forman parte.
Porras leyó el informe de la comisión especial encargada del proceso y aseguró que existía un “dictamen favorable y unánime” para aprobar la iniciativa.
La reforma todavía deberá recibir una segunda aprobación legislativa en 2027 para entrar oficialmente en vigencia.
Rechazo internacional
La decisión profundiza el aislamiento internacional del Gobierno Ortega-Murillo, que permanece en el poder desde 2007 y que enfrenta acusaciones de organismos internacionales por graves violaciones de derechos humanos cometidas desde las protestas de 2018.
Organismos de derechos humanos han denunciado ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos por motivos políticos, expulsión de opositores, confiscaciones, cierre de organizaciones civiles y una política de represión contra críticos dentro y fuera de Nicaragua.
El régimen mantiene actualmente decenas de presos políticos, según organizaciones opositoras y mecanismos internacionales de seguimiento.
La aprobación de la reforma ocurre además bajo presión de Estados Unidos, que impulsa nuevas medidas diplomáticas y sanciones contra Managua, mientras la OEA prepara una discusión regional sobre el futuro político de Nicaragua.
