El Gobierno de Xiomara Castro ha generado controversia en Honduras tras la imposición de la lectura del libro El Golpe 28-J en los centros educativos del país. La medida, decretada en marzo de 2025, obliga a los estudiantes de los niveles básico y medio a leer la obra, que profundiza sobre un episodio clave en la historia política reciente del país.
La decisión fue oficializada a través de un decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de marzo de este año, donde se ordena la inclusión de la obra en el plan de estudios de la Cátedra Morazánica, un curso dedicado a promover el legado del héroe nacional José Francisco Morazán Quezada. Según el decreto, el libro El Golpe 28-J: Conspiración Transnacional, un crimen en la impunidad deberá formar parte de los textos educativos obligatorios para los estudiantes hondureños.
En los términos establecidos en el artículo 157 de la Constitución de la República, el Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Educación para que procediera con la incorporación del texto a los programas educativos. Además, se autorizó a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) a realizar las gestiones necesarias para la impresión del libro, mientras que la Secretaría de Finanzas deberá llevar a cabo las modificaciones presupuestarias para financiar el proyecto.
El gobierno destaca que el objetivo de esta medida es evitar la repetición de eventos históricos que el libro aborda, dejando claro su enfoque en la educación cívica y la memoria histórica. El Golpe 28-J se presenta como una obra que examina una serie de hechos políticos de gran relevancia en la historia reciente de Honduras, acusando a actores transnacionales de estar involucrados en una conspiración que, según el autor, dejó impunes los crímenes derivados de dicho golpe.
Sin embargo, la orden ha generado malestar en una parte de la población, que considera que este tipo de imposición limita la libertad de elección en cuanto a los materiales educativos, además de cuestionar el enfoque unívoco de la obra en el contexto escolar. Los críticos señalan que la medida podría resultar en un intento de politización de las aulas y en un uso indebido del sistema educativo para fines ideológicos.
A pesar de la oposición, el gobierno defiende la iniciativa como un paso necesario para fortalecer la identidad nacional y evitar que los errores del pasado se repitan. La distribución gratuita del libro a través de las escuelas, instituciones y otros sectores de la sociedad es vista como un intento de garantizar que las futuras generaciones conozcan en detalle los eventos que marcaron la historia reciente de Honduras.
