El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió que aún no encuentra una fórmula para garantizar la sostenibilidad económica del proyecto de ley que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores.
El mandatario señaló que tiene 30 días para decidir si sanciona o veta la iniciativa. Mientras tanto, anunció una reunión con representantes de los jubilados y del sector empresarial para buscar un acuerdo.
“Hay que buscar de alguna forma que esa ley sea sustentable económicamente y que no queden huecos a la vuelta de unos años que no se van a poder llenar”, afirmó Mulino durante un acto público en la provincia de Colón.
Cuestiona la falta de respaldo financiero
Mulino pidió a los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá legislar con responsabilidad y conocer de dónde saldrán los recursos para financiar nuevas medidas.
“Uno no puede andar tirando leyes por ahí sin saber de dónde van a salir los recursos”, afirmó el gobernante.
Además, sostuvo que corresponde al Órgano Ejecutivo planificar los ingresos y gastos públicos. Por ello, cuestionó que las entidades encargadas de las finanzas no fueran consultadas durante la discusión del proyecto.
“Porque a mí nadie me preguntó. Y estoy seguro de que a nuestras entidades que rigen las finanzas tampoco”, señaló.
El presidente José Raúl Mulino reiteró este jueves que la próxima semana sostendrá una reunión con representantes de diferentes sectores para “encontrar una fórmula de advenimiento” para hacer viable la implementación del proyecto de ley que amplía los beneficios a jubilados, e… pic.twitter.com/47SivNYMnH
— Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026
Gremios mantienen posiciones distintas
El proyecto de Ley 226 recibió 47 votos a favor y uno en contra durante su tercer debate en la Asamblea Nacional. La iniciativa modifica la Ley 6 de 1987 y amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores.
Sin embargo, la propuesta enfrenta posiciones diferentes entre los sectores involucrados.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió un veto total. Fedecámaras, en cambio, planteó un veto parcial y técnico.
Los representantes de los jubilados solicitan que Mulino sancione la iniciativa y permita su entrada en vigor.
Mulino prepara una reunión antes de decidir
El presidente calificó el proyecto como complicado de aplicar y reconoció que un eventual veto podría generar críticas entre los jubilados.
“Si la veto, el malo de la película con los viejitos soy yo. Y no es así”, afirmó.
Por ello, Mulino anunció una primera reunión la próxima semana con representantes de los sectores involucrados. El encuentro incluirá a 3 representantes de organizaciones de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio.
El mandatario todavía no define si posteriormente establecerá una mesa de trabajo. Además, advirtió que dispone de un plazo limitado para tomar una decisión.
“No hay todo el tiempo del mundo con las benditas mesas de trabajo”, expresó.
Mulino reiteró que buscará una solución que permita aplicar la ley sin comprometer las finanzas públicas en los próximos años. Finalmente, recordó que su calendario constitucional establece que deberá sancionar o vetar el proyecto dentro del plazo correspondiente.
