El dictador Daniel Ortega elevó esta semana el pulso con Washington al presentar al ejército sandinista como garante de la continuidad de su régimen, en un discurso que ignoró las advertencias del Departamento de Estado y reafirmó su intención de perpetuarse en el poder.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la guardia sandinista, Ortega proclamó que su régimen “ni se vende ni se rinde, jamás”.
Atribuyó a una “fortaleza que viene de Dios” la resistencia frente a lo que calificó de amenazas externas. El jefe del Ejército, Julio César Avilés, respaldó sin matices el discurso oficial y acusó de “traidores y vendepatrias” a los críticos del régimen.
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Una reforma para eternizarse
La escenificación militar llega apenas un día después de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.
El cambio extiende de seis a siete años los mandatos electos y añade restricciones a futuros candidatos, un mecanismo que críticos interpretan como un blindaje adicional para la dinastía Ortega-Murillo.
Según la “reforma”, las elecciones que hubieran sido en este 2026 pasarán a 2028 y tanto Ortega, Murillo y la actual estructura dictatorial, pasarían 7 años más al frente de sus cargos, con renovación incluida cada siete años.
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Washington busca aislar a Managua
La respuesta estadounidense no se limitó a la condena diplomática y emitió un comunicado subido de tono.
El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a los socios internacionales de Washington romper las relaciones comerciales habituales con Nicaragua, al acusar al régimen de consolidar una “dinastía ilegítima”.
Según Rubio, los dictadores Ortega y Murillo eliminaron de forma definitiva las elecciones libres.
La estrategia busca convertir el rechazo a la reforma en una presión económica coordinada, aunque enfrenta un obstáculo evidente: Nicaragua mantiene vínculos comerciales con numerosos países, y una política de aislamiento exige que otros gobiernos asuman también el costo político de confrontar a Ortega.
El malestar regional, no obstante, se extiende más allá de Estados Unidos.
Perú ha reclamado activar mecanismos internacionales para impedir la consolidación de una dictadura, mientras Costa Rica denunció un “continuo deterioro democrático” y anunció que respaldará una respuesta conjunta dentro de la Organización de Estados Americanos.
