Un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España solicitó a la comunidad internacional promover acciones judiciales contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
La petición fue realizada por los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), quienes emitieron una declaración pública en la que expresan preocupación por la desaparición forzada y muerte del dirigente indígena y diputado de YATAMA, Brooklyn Rivera Bryan, mientras se encontraba bajo custodia estatal.
Los exmandatarios también denunciaron la posterior desaparición de siete familiares y allegados de Rivera, quienes presuntamente fueron detenidos después de trasladarse a Managua para reclamar la entrega de los restos mortales del líder indígena.
Según el pronunciamiento, los desaparecidos fueron identificados como Westin Rivera, Alda López Bryan, Jordys Escobar Bryan, Eritza Coleman, Korny Valle Bushey, Jorge Webster y Florencia Sarmiento.
Los firmantes sostienen que las violaciones a los derechos humanos registradas en Nicaragua poseen un carácter sistemático y generalizado, por lo que consideran que estos hechos encajan dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma.
La declaración recuerda además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció criterios sobre desapariciones forzadas en Nicaragua en el caso Silva Reyes y otros, relacionado con hechos ocurridos en 1983 durante un período en el que Daniel Ortega también ejercía funciones de poder.
El Grupo IDEA subrayó que los crímenes de lesa humanidad generan responsabilidad individual y están prohibidos por normas imperativas del derecho internacional, independientemente de que los Estados involucrados formen o no parte de tratados específicos sobre la materia.
Por esa razón, los exmandatarios consideran que corresponde a la comunidad internacional activar mecanismos de protección colectiva y aplicar el principio de jurisdicción universal ante la imposibilidad, según señalan, de que el propio Estado nicaragüense investigue de forma independiente las denuncias.
“Exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial e independiente”, señala la declaración.
Entre los firmantes de la declaración figuran los expresidentes de España y Argentina, José María Aznar y Mauricio Macri respectivamente. También los exmandatarios costarricenses Rafael Angel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, Óscar Arias, y Carlos Alvarado; los panameños Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso; los colombianos Álvaro Uribe V., Andrés Pastrana e Iván Duque; los paraguayos Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy; ecuatorianos Lenin Moreno, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso.
También los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox; los bolivianos Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Jeanine Añez, los uruguayos Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. Además, Alfredo Cristiani de El Salvador, el chileno, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el dominicano Hipólito Mejía.
