El Gobierno de Estados Unidos instó el jueves a Guatemala a aprobar la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, advirtiendo sobre las consecuencias económicas y financieras que enfrentaría el país si no cumple con los estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El pronunciamiento fue difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y replicado por la embajada estadounidense acreditada en Guatemala a través de redes sociales oficiales.
“Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que… ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas”, señala el mensaje compartido por el Gobierno estadounidense.
Washington remarcó que la normativa debe ajustarse a los estándares establecidos por el GAFI para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las operaciones financieras ilícitas.
De no aprobarse la legislación, Guatemala podría ingresar a la denominada “lista gris” del GAFI, categoría que agrupa a países considerados jurisdicciones de alto riesgo por deficiencias en el combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito.
La evaluación oficial del GAFI a Guatemala está programada para 2027, por lo que distintos sectores nacionales e internacionales han intensificado los llamados al Congreso para aprobar la iniciativa antes de esa revisión.
La iniciativa de ley 6593, denominada ley contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, busca prevenir, detectar y sancionar operaciones vinculadas con recursos ilícitos y actividades terroristas. Actualmente, la propuesta permanece pendiente de completar su tercer debate y aprobación final en el Congreso guatemalteco, luego de que no avanzara durante la última sesión del primer período legislativo del año, celebrada el pasado 12 de mayo.
Entre las instituciones guatemaltecas que han solicitado públicamente la aprobación de la normativa se encuentran la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, la Comisión Nacional contra la Corrupción, la Vicepresidencia y la Presidencia de la República, esta última impulsora de la iniciativa desde julio de 2025.
