Un grupo de 42 expresos políticos nicaragüenses desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta una situación de incertidumbre en Guatemala, tras la negativa de Estados Unidos a concederles asilo y el retiro de la ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales.
Los exiliados, quienes fueron expulsados de su país en septiembre de 2024 en medio de la escalada represiva del régimen, se quedaron sin apoyo luego de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) finalizaran el financiamiento para su alojamiento y asistencia básica.
Esto se debe al cierre de fondos de cooperación provenientes de Estados Unidos, en el marco de un cambio en sus políticas migratorias y externas denominadas “Estados Unidos primero”.
“Teníamos entendido que nuestro paso por Guatemala era transitorio”, dijo Adela Espinoza, una comunicadora y defensora de derechos humanos.
“El año pasado, Estados Unidos comenzó a rechazar solicitudes de asilo, pero pensamos que eran casos excepcionales. En enero, el proceso se aceleró y fuimos notificados de que nuestra petición había sido denegada”.
Carlos Molina, de 24 años y a punto de graduarse como ingeniero en Nicaragua antes de su destierro, relata que las razones oficiales de su rechazo fueron “acusaciones de terrorismo”, un señalamiento similar al que el régimen de Ortega utilizó para justificar las detenciones arbitrarias contra opositores.
“Es deshonroso”, lamenta Molina. “Nos sacaron de Nicaragua porque supuestamente éramos una amenaza, pero ahora nos cierran las puertas con los mismos argumentos”.
Guatemala fue uno de los países que inicialmente recibió con apertura a los desterrados, incluso con un pronunciamiento del presidente Bernardo Arévalo, quien aseguró que su gobierno brindaría apoyo a quienes enfrentaban persecución política.
Sin embargo, el respaldo gubernamental se ha diluido y los exiliados han quedado sin alternativas claras.
ACNUR y el Instituto Guatemalteco de Migración habían ofrecido asistencia a quienes solicitasen refugio formal en el país, pero muchos de los desterrados temen quedar atrapados en una situación de precariedad y sin posibilidades de reubicación en otro territorio.
“Nos estamos viendo obligados a aceptar el estatus de refugiado en Guatemala porque no tenemos otra opción”, comenta Molina. “Pero nuestro destino nunca fue este país ni España, que nos ofrece la ciudadanía, pero sin medios para viajar. Nuestra primera opción siempre fue Estados Unidos”, comentó.
Según datos de organizaciones de derechos humanos, en las últimas cuatro décadas Guatemala ha acogido a más de 1.300 exiliados, principalmente centroamericanos, venezolanos y cubanos.
Sin embargo, las condiciones de apoyo a refugiados han sido limitadas, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los nicaragüenses varados en el país tras el cierre del programa de Movilidad Segura y el reasentamiento en EEUU.
Evelyn Blank, fundadora del Centro Civitas, advierte que “se trata de una crisis humanitaria con pocas soluciones a la vista”.
A su juicio, el gobierno guatemalteco podría buscar concertación internacional para encontrar alternativas para los desterrados, pero en el corto plazo las posibilidades son limitadas. “Muchos de ellos terminarán migrando nuevamente porque las condiciones para establecerse en Guatemala no son sostenibles”, concluye.
