El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) elevó este miércoles el tono de su condena contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la que acusó de librar una guerra contra la democracia y de ser una amenaza a la estabilidad del hemisferio.
Firmado por el el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Washington afirmó que el régimen avanza “hacia un sistema totalitario” y que Estados Unidos tomará acciones para evitarlo.
El duro mensaje se emitió después que la dictadura aprobara el 1 de septiembre reformas constitucionales destinadas a perpetuar su control sobre Nicaragua y eliminar cualquier posibilidad de una competencia política democrática.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo sandinista, modifició nuevamente la Constitución para “afianzar su dinastía ilegítima” y privar “indefinidamente” a los ciudadanos nicaragüenses de elecciones libres y justas.
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“Son una amenaza”
“La guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad de nuestro hemisferio”, señaló Rubio, en una de las declaraciones más contundentes emitidas por la Administración del presidente Donald Trump contra el régimen de Managua.
El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que los gobiernos que niegan los derechos fundamentales de sus ciudadanos “no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos” que los países comprometidos con la paz y la seguridad regional.
Ante esta situación, Estados Unidos instó a sus aliados internacionales a abandonar lo que calificó como “prácticas habituales” con el régimen de Ortega y Murillo
Rubio considera que mantener relaciones normales con Managua equivale a respaldar a una estructura de poder señalada por graves violaciones de derechos humanos.
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Acciones en camino
“La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar e implementar acciones para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por Murillo y Ortega”, afirmó Rubio.
El jerarca de la Casa Blanca adelantó que Washington continuará impulsando medidas contra el régimen nicaragüense en escenarios multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las reformas constitucionales aprobadas por el oficialismo amplían las facultades del Ejecutivo, consolidan el papel político de Rosario Murillo y prolongan el control de la pareja presidencial por siete años más, renovables por ellos mismos.
La reforma beneficia del mismo modo a las instituciones del Estado, las fuerzas de seguridad y el aparato político sandinista al servicio de la familia Ortega Murillo.
Septiembre clave
El Gobierno estadounidense aseguró que seguirá respaldando “el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país”.
Este mes se desarrollará tanto una reunión de Senado para impulsar una ley de sanciones contra el régimen y la reunión de cancilleres de la OEA sobre el tema de Nicaragua.
A la vez, organizaciones opositoras y organismos internacionales denuncian una profundización de la represión, el cierre del espacio cívico y la eliminación de las garantías electorales.
La declaración de Rubio coloca nuevamente a Nicaragua en el centro de la agenda hemisférica de Washington y anticipa una posible ampliación de las medidas diplomáticas y económicas contra el régimen Ortega-Murillo, considerado por Estados Unidos como una amenaza para la estabilidad democrática de América Latina.
