La confiscación y posterior venta irregular de bienes de opositores nicaragüenses continúa extendiéndose en Nicaragua, sin que las víctimas de la dictadura Ortega Murillo conozcan los detalles de sus pérdidas.
Varias personas críticas al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunciaron que sus propiedades no solo están ocupadas por el Estado, sino que aparecieron en venta en procesos que califican como arbitrarios y corruptos.
La más reciente denuncia la presentó el fotoperiodista nicaragüense Oswaldo Rivas, quien descubrió que la vivienda que le ocupó la Policía tras su exilio forzado apareció recientemente en venta en la plataforma inmobiliaria Encuentra24 por 255.000 dólares.
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Casa robada aparece en venta
La Policía ocupó la vivienda ubicada en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León en junio de 2024, cuando Oswaldo Rivas salió de Nicaragua tras conocer advertencias sobre una posible captura relacionada con su labor periodística.
Rivas, fotoperiodista con casi cuatro décadas de trayectoria y excolaborador de la agencia AFP, afirmó que desconoce quién ofrece actualmente el inmueble en venta. Además, denunció que el anunciante utilizó las mismas fotografías que él publicó cuando intentó vender la propiedad antes de partir al exilio.
Las confiscaciones de propiedades se han convertido en una de las principales herramientas de castigo político utilizadas por el Gobierno de Ortega desde el recrudecimiento de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018.
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Nuevos “inquilinos” en casa robada a médica
A la denuncia de Rivas se suma la de la médica opositora Anely Pérez Molina.
El pasado 12 de junio ella denunció que las autoridades expropiaron una vivienda familiar ubicada en Monte Fresco, en el municipio de El Crucero, al sur de Managua, después de que ella fuera excarcelada y expulsada hacia Estados Unidos junto con su familia en marzo de 2023.
Según relató a medios nicaragüenses, la propiedad, valorada en unos 750.000 dólares, permaneció bajo vigilancia policial durante más de dos años antes de ser ocupada por personas presuntamente vinculadas al oficialismo.
Pérez Molina afirmó que en la vivienda quedaron muebles, equipos electrónicos, una camioneta y objetos personales de alto valor económico y sentimental.
La opositora sostuvo que el inmueble pertenecía a la familia de su esposo y denunció que la transferencia de la propiedad se realizó sin ningún proceso legal transparente.
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Robo y confiscaciones como castigo
Desde entonces 2018, cientos de opositores, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y activistas han denunciado la ocupación de viviendas, empresas, organizaciones civiles y medios de comunicación.
La práctica se intensificó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, cuando la dictadurá apresó a los principales aspirantes presidenciales
Y después de la expulsión de 222 presos políticos en febrero de 2023, junto al despojo de su nacionalidad y derechos políticos, se les confiscó sus bienes.
Organismos internacionales de derechos humanos han señalado que estas acciones constituyen violaciones al derecho de propiedad y forman parte de un patrón de persecución política contra sectores considerados adversarios del régimen.
Hasta ahora, la dictadura nicaragüense no ha respondido públicamente a las denuncias de Pérez Molina ni a las relacionadas con la vivienda del fotoperiodista Oswaldo Rivas.
