La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua canceló este 4 de abril la personalidad jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales (ONG), elevando el total de ONG ilegalizadas a casi 3,600 desde diciembre de 2018.
La decisión, ejecutada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, se justificó por supuestos incumplimientos de las leyes que regulan estas organizaciones, o en algunos casos, a petición de disolución voluntaria por parte de las mismas organizaciones.
Entre los entes afectados se encuentran la Fundación Un techo, la Asociación Integral a la Familia Juan Pablo II y la Fundación Politécnico La Salle, todas de carácter humanitario.
Como norma desde 2018, la dictadura procede a confiscar los bienes de las ONGs y convertirlos en centros públicos, acompañadas de discursos y propaganda de progreso.
Esta serie de cierres se inscribe en un contexto de represión contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente tras las protestas de 2018, y ha sido criticada por su posible uso para reprimir voces opositoras.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, autor de las primeras anulaciones de ONGs, han dicho que las oenegés afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones.
