La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este jueves la excarcelación de 1,200 reos comunes de cara a las Fiestas Patrias. Con este nuevo grupo, suman más de 54,000 los liberados en la última década bajo el llamado “régimen de convivencia familiar”, una figura inexistente en la legislación nicaragüense.
La medida, presentada por Murillo como un “gesto humanitario”, genera más alarma que confianza de acuerdo con informes de opinión pública.
Nueve de cada diez nicaragüenses perciben que la inseguridad se ha agravado, según una encuesta de la organización Hagamos Democracia.
Reos libres sin base jurídica
El régimen sostiene que apenas el 7.5 % de los liberados reincide en delitos. Sin embargo, juristas y sociólogos advierten que las excarcelaciones carecen de sustento legal.
Ni el Código Penal ni el Procesal Penal contemplan la figura de “convivencia familiar”, lo que permite a la Presidencia decidir discrecionalmente quién sale de prisión y bajo qué condiciones.
En los últimos meses, Ortega y Murillo han inventado nuevas fechas conmemorativas para justificar excarcelaciones masivas.
Por ejemplo: El 4 de mayolo declararon “Día de la Dignidad Nacional”, y sirvió de argumento para liberar a 1,700 reos.
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Temor ciudadano en aumento
La encuesta citada muestra que el 92 % de la población percibe a la Policía como un aparato dedicado a la represión y no a la seguridad ciudadana.
La desconfianza se alimenta de la presencia de excarcelados en las calles y de la proliferación de grupos armados progubernamentales.
“Esa percepción surge de lo que la gente ve en las noticias y en su barrio: excarcelados convertidos en paramilitares o policías voluntarios”, explicó Jesús Tefel, director de Hagamos Democracia.
Reos a cambio de lealtad
Informes de organismos de derechos humanos apuntan a un patrón: numerosos reos comunes, tras obtener la libertad, terminan integrados en la Policía o en fuerzas parapoliciales.
A cambio reciben prebendas y protección, lo que refuerza la maquinaria represiva del régimen.
La socióloga María Teresa Blandón recuerda que “nadie conoce los criterios para liberar a estos reos ni el nivel de gravedad de sus delitos”. En su opinión, la decisión responde más a cálculos políticos que a razones de justicia.
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Una década de excarcelaciones
Entre 2015 y septiembre de 2025, el régimen Ortega-Murillo ha excarcelado a 54,664 personas. Los informes oficiales del sistema penitenciario hablan de programas educativos y laborales, pero nunca se presentan resultados claros sobre la reinserción de los liberados.
El saldo, según analistas y ciudadanos, es evidente: más temor en la población, más armas en manos de excarcelados y un aparato represivo que se alimenta de las cárceles para perpetuar al régimen.
