La dictadura de Nicaragua ordenó el traspaso de 36 propiedades confiscadas a opositores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mediante 8 acuerdos presidenciales publicados en el diario oficial La Gaceta
La decisión, según organizaciones opositoras, buscar “lavar” la política de confiscaciones aplicada contra críticos y disidentes desde la crisis sociopolítica de 2018.
Los acuerdos, firmados por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizan a la procuradora general de Justicia, Wendy Morales, y al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, a formalizar la donación de los inmuebles mediante escrituras públicas a favor de la institución estatal.
Las propiedades se ubican principalmente en Managua, donde se concentran 15 inmuebles. Otras nueve se localizan en Rivas, cinco en Estelí, tres en León y las restantes en Granada, Masaya, Matagalpa y Bluefields.
Los documentos oficiales identifican los bienes únicamente mediante sus números registrales y no detallan direcciones, dimensiones ni características.
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Más de 200 bienes confiscados y transferidos
El Ejecutivo justificó la medida al señalar que busca fortalecer la seguridad social y ampliar la cobertura de protección para trabajadores y sus familias, además de reforzar la capacidad institucional del INSS para ejecutar proyectos.
Sin embargo, opositores y organizaciones de derechos humanos sostienen que muchas de estas propiedades pertenecían a ciudadanos que abandonaron el país tras sufrir persecución política o que fueron declarados traidores a la patria por las autoridades.
Desde 2024, el régimen ha transferido alrededor de 200 inmuebles al INSS mediante acuerdos similares.
Solo en agosto de 2024 autorizó el traspaso de 72 propiedades, mientras que durante 2025 realizó varias entregas adicionales que sumaron decenas de bienes en distintas regiones del país.
Vendidas a terceros
Tras las protestas antigubernamentales de abril de 2018, las autoridades aprobaron leyes que permitieron retirar la nacionalidad, cancelar personerías jurídicas y confiscar bienes a opositores.
Paralelamente, exiliados han denunciado que algunas propiedades confiscadas aparecen posteriormente ofertadas por terceros en plataformas digitales.
Uno de los casos más recientes involucra al fotoperiodista Oswaldo Rivas, quien denunció la venta de una vivienda que las autoridades ocuparon después de su salida de Nicaragua.
