El dictador Daniel Ortega y su cruel pareja Rosario Murillo han dado un paso definitivo en la consolidación de su régimen autocrático al oficializar una reforma constitucional que invalida las elecciones democráticas y garantiza su perpetuación en el poder por periodos renovables de siete años.
Para blindar este esquema absolutista, el orteguismo ha echado mano de su habitual política de dádivas: una extensión paralela de siete años para las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional, anuncio que contó con el beneplácito inmediato de la cúpula militar.
El presidente de la Asamblea Nacional y operador del régimen, Gustavo Porras, hizo pública la medida durante la fase de “consultas” con la Comandancia del Ejército, encabezada por el general Julio César Avilés, leal servidor de los dictadores desde 2010.
Siete años para generales y comisionados
La modificación iguala el mandato de las fuerzas armadas y policiales —dirigidas por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz— al de los propios codictadores, garantizando una impunidad compartida y la simbiótica permanencia de la casta dominante en el país centroamericano.
Analistas calificados sostienen que la relación entre la pareja dictatorial y las fuerzas represivas es netamente transaccional.
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Como ya ocurrió con las maniobras legislativas de 2013 y 2014 para instaurar la reelección indefinida, Ortega vuelve a retribuir la sumisión del estamento armado con jugosos dividendos presupuestarios y el aseguramiento del mando.
La reforma de 2025 ya había estirado dicho periodo de cinco a seis años; ahora, el listón se fija en siete, cerrando un círculo de fidelidad recompensada.
Aplausos entre guardias
El texto de la enmienda constitucional ataca de manera directa el derecho a la participación política. La redefinición del artículo 47 constitucional inhabilita expresamente para ejercer cargos públicos a quienes el régimen califique de “golpistas” o acuse de atentar contra la “soberanía”.
Esta jugada legaliza el veto definitivo contra la oposición, los líderes exiliados y cualquier voz disidente dentro de Nicaragua, sepultando todo vestigio de alternancia democrática.
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Esta autoextensión de poder por parte de Ortega y Murillo encuentra respaldo en instituciones severamente cuestionadas a nivel internacional.
Tanto el Ejército como la Policía cargan con denuncias del Grupo de Expertos de la ONU (GHREN) por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados tras las protestas de 2018, donde las fuerzas armadas aportaron armamento, inteligencia y logística para la represión brutal de la ciudadanía.
Con el proceso de consulta reducido a un mero trámite administrativo entre leales, la dictadura nicaragüense alinea la perpetuidad de su cúpula política con la de sus guardianes armados, fijando un blindaje institucional que busca prorrogar la tiranía en el país al menos hasta 2040.
