El régimen dictatorial de Daniel Ortega ha puesto en marcha la maquinaria legislativa en Nicaragua para consumar un nuevo blindaje constitucional que le permita aferrarse al poder durante 14 años más.
De concretarse el paquete de reformas, el autócrata nicaragüense, de 80 años de edad y con 19 consecutivos al frente del Ejecutivo desde 2007, perpetuará su permanencia en la presidencia hasta alcanzar los 94 años, consolidando una dinastía dinástica sin oposición ni contrapesos institucionalizados.
La estrategia contempla extender el periodo presidencial a siete años con posibilidad de reelección y añadir una prórroga por vía legal, según confirmó el presidente de la Asamblea Nacional al servicio del régimen, Gustavo Porras.
En reunión con el cuerpo diplomático, al que la dictadura de Nicaragua la expuso sus planes e intenciones para buscar una validación internacional, se reveló el dato: elecciones cada siete años a partir de 2027, con una prórroga de siete más vía legislativo.
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Una comisión a medida del dictador
Para dotar al proceso de una apariencia de legalidad, el Parlamento nicaragüense —convertido en un apéndice de la dictadura— conformó formalmente la Comisión Especial encargada de las consultas para la reforma parcial de la Constitución Política.
El presidente del Legislativo y leal al régimen, sancionado además, Gustavo Porras Cortés, confirmó que el órgano cuenta con la totalidad de los diputados propietarios y suplentes, así como con representantes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
El calendario parlamentario está estructurado para evitar fisuras ni debates prolongados. La primera secretaria de la Junta Directiva, Raquel Dixon, formalizó la creación de la comisión especial tras recibir la iniciativa.
El grupo estará encabezado por el propio Porras e integrado por figuras afines como Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado, María Haidee Ozuna y Wilfredo Navarro.
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Será consumado en septiembre
Según el presidente del legislativo, la etapa de consultas se extenderá a lo largo del mes de agosto con la meta explícita de que el texto quede plenamente dictaminado y aprobado antes de la celebración de las fiestas patrias en septiembre.
El núcleo de la reforma gravita sobre la extensión de los ciclos electorales a siete años renovables, un cambio estructural que la narrativa oficial disfraza como un intento de “fortalecer el modelo democrático” y garantizar la “estabilidad, seguridad y paz de la nación”.
No obstante, analistas independientes y organizaciones de derechos humanos coinciden en que la medida representa la aniquilación definitiva de las garantías electorales y la consolidación de un absolutismo sin fecha de caducidad.
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Máscara de la dictadura
En un intento por simular un pluralismo inexistente en un país con la oposición encarcelada, desterrada o despojada de su nacionalidad, el oficialismo anunció que en el proceso participarán delegados de las municipalidades.
Además, miembros de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, el Ejército Nacional, la Policía, sectores académicos, religiosos y hasta la banca privada.
Todas las instituciones públicas, y gran parte del sector privado, obedecen a la dictadura por ley o por temor.
El despliegue corporativo está encaminado a refrendar las decisiones adoptadas previamente en el círculo íntimo del matrimonio Ortega-Murillo.
Una vez finalizado el periodo de consultas y redactado el dictamen correspondiente, el texto pasará de forma inmediata al plenario para su votación en lo general, dijo Porras.
Con una Asamblea Nacional sin voces disidentes, la aprobación se da por descontada, dejando a Nicaragua bajo el dominio indefinido de un autócrata empeñado en gobernar el país hasta su último aliento.
