La Sala Constitucional de Costa Rica resolvió parcialmente a favor de un grupo de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos y recluidos en el Centro de Atención Temporal Migratoria (Catem), en Corredores, Puntarenas. Según la sentencia N.º 2025-19485, emitida por mayoría, las autoridades costarricenses vulneraron su derecho fundamental a la libertad.
El fallo señala que los migrantes, procedentes de más de una veintena de países, ingresaron a Costa Rica en febrero bajo razones humanitarias, pero fueron privados de libertad sin recibir información clara sobre su estatus migratorio ni sobre su derecho a solicitar asilo. Tampoco se les permitió comunicarse libremente con medios de comunicación ni se les facilitó asesoría legal adecuada.
“La mayoría de la Sala sí consideró que una serie de omisiones y acciones de las autoridades migratorias costarricenses relacionadas con el trato brindado […] sí lesionaron el derecho fundamental a la libertad y otros conexos”, establece el fallo.
La resolución indica además que no se informó oportunamente a los migrantes sobre su situación legal, ni se les brindó acceso a asesoría jurídica. Tampoco fueron informados desde el inicio sobre la posibilidad de solicitar refugio en el país.
Ante esto, la Sala ordenó al director interino de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, o a quien ocupe el cargo, que determine individualmente el estatus migratorio de cada persona y disponga su liberación en un plazo no mayor de 15 días naturales, contados desde la notificación oficial. Además, deberá coordinar con otras instituciones estatales para evaluar el tipo de asistencia social que puedan necesitar, como salud, educación o vivienda.
En el grupo de migrantes, que incluye a más de 80 menores de edad, hay personas originarias de Turquía, Armenia, Uzbekistán, India, Georgia, Rusia, Irán, Afganistán, Vietnam, China, Yemen, Ghana, Angola, Nepal y la República Democrática del Congo, entre otros.
Tres magistrados —Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro— discreparon con el fallo. Consideraron que el ingreso de los migrantes fue legal y que su estancia en el Catem respondió a una situación excepcional de vulnerabilidad, sin constituir una detención arbitraria.
El Catem, ubicado a 360 kilómetros al sur de San José, es un centro de tránsito habitual para personas migrantes que cruzan el continente rumbo al norte. Las autoridades migratorias costarricenses confirmaron que los migrantes fueron sometidos a un proceso de seguridad en Estados Unidos, que descartó vínculos con organizaciones terroristas.
Organismos de derechos humanos denunciaron que el grupo permaneció retenido más de 60 días sin acceso a información en sus respectivos idiomas ni a representación legal, en lo que calificaron como una detención “arbitraria e ilegal”.