La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional de Honduras concluyó el martes la etapa de entrevistas a testigos que solicitaron presentarse para exponer su versión de los hechos que se investigan contra Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
La presidenta de la Comisión, Tania Pinto, dio por terminada la sesión de entrevistas a testigos e informó que durante este miércoles la Comisión procederá a revisar la prueba documental que recibió de los testigos, de las instituciones donde trabajan los investigados y del magistrado Morazán.
Morazán fue el único de los cuatro magistrados investigados que acudió a la Comisión para hacer uso de su derecho de defensa y exponer sus argumentos. Asimismo, fue el único que envió al Congreso al menos 24 pruebas entre documentos y audios.
En un vídeo publicado pasadas las 10:00 de la noche en las redes del Congreso, Pinto sostuvo que apegados a la legislación van a llegar hasta los último en la investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios investigados.
Con más de 90 votos de los diputados, los cuatro funcionarios fueron suspendidos de sus cargos. Al terminar la investigación, los legisladores deberán votar para decidir si destituirán de los cargos a los cuatro acusados de irregularidades durante las elecciones de noviembre pasado.
Las sesiones de defensa de los investigados y de las entrevistas fueran transmitidas a través del canal de Youtube del Congreso Nacional. La jornada de revisión de pruebas no está siendo transmitida hasta el cierre de esta nota.
Por su parte, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que el juicio político contra estos funcionarios ligados al partido Libre no es un mecanismo ni de revanchismo, venganza, persecución y amenaza, sino que pretenden instituir orden y control constitucional.
Además, dijo que a los investigados se les garantizaría un proceso apegado a la Constitución, al debido proceso y a la presunción de inocencia. El consejero Marlon Ochoa ha dicho que es perseguido políticamente y que no asistiría al juicio porque el resultado ya estaba decidido.
