La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó este lunes que los ministros de Seguridad Pública, Gerald Campos; de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; y de Comunicación, Arnold Zamora, serán los primeros funcionarios en someterse a pruebas de polígrafo como parte de las medidas impulsadas por su Gobierno para fortalecer los controles internos.
El anuncio fue realizado al concluir la segunda reunión de la denominada “Fuerza Élite”, un equipo de trabajo integrado por autoridades encargadas de coordinar y supervisar las acciones de los distintos cuerpos policiales del país.
Según explicó la mandataria, la decisión responde al compromiso de combatir cualquier posible vínculo con estructuras criminales o actos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
“Hoy instruí el primer grupo de personas de Fuerza Élite que se va a someter a la prueba de polígrafo. Vamos a iniciar con los ministros, con el ministro de Comunicación, que está asistiendo a estas reuniones, con el ministro de Justicia y Paz y por supuesto con el ministro rector, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos”, manifestó Fernández.
La semana pasada, la presidenta adelantó que todos los jefes policiales que participan en este grupo especial deberán someterse a este examen, el cual incluirá preguntas relacionadas con crimen organizado y narcotráfico. Además, sostuvo que la medida busca garantizar la transparencia y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad.
Fernández también reiteró que cualquier persona que participe en las reuniones de la Fuerza Élite deberá practicarse la prueba, incluidos funcionarios pertenecientes al Poder Judicial que intervengan en los encuentros de coordinación.
Durante la sesión de este lunes, las autoridades acordaron además modificar los protocolos para el ingreso de encomiendas a los centros penitenciarios, con el objetivo de reforzar los controles y evitar el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles.
La mandataria anunció asimismo la elaboración de un proyecto de ley para establecer sanciones contra propietarios de terrenos donde operen pistas clandestinas utilizadas presuntamente para actividades ilícitas. “Encontramos que hoy hay alrededor de 200 pistas en el país, muchas de estas son clandestinas, y lamentablemente no tenemos sanciones contundentes”, afirmó.
La reunión también abordó acciones relacionadas con decomisos de vehículos, coordinación judicial y el fortalecimiento de los controles para la detección de drogas en aeropuertos.
