En respuesta a los eventos ocurridos durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, designó una comisión especial de investigación para esclarecer lo sucedido antes, durante y después de este proceso electoral, el cual ha generado gran interés y preocupación a nivel nacional.
La comisión estará conformada por un grupo diverso de diputados, quienes representan a diferentes partidos políticos del país. Los miembros principales son:
Ramón Barrios (Libre)
Carlos Raudales (Independiente)
José Tejeda (Partido Liberal)
Silvia Ayala (Libre)
Alberto Chedrani (Partido Nacional)
Tomás Ramírez (Partido Salvador de Honduras)
Karen Martínez (Partido Anticorrupción)
Además, se designaron 3 congresistas más cuyo trabajo sería alterno, uno del partido oficialista Libre y otro del Liberal.
En su declaración, el presidente del Congreso, Luis Redondo, resaltó que la creación de esta comisión está respaldada por la Constitución de la República y 35 la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
De acuerdo con el mandato, una vez que se finalice la declaratoria oficial del proceso electoral, programada para el 8 de abril, la comisión comenzará su labor investigativa.
El objetivo es garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral y, en última instancia, ofrecer certeza al pueblo hondureño sobre la integridad del próximo proceso electoral general, previsto para noviembre de este año.
La comisión tendrá la responsabilidad de presentar un informe detallado con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones ante el pleno del Congreso Nacional.
Además, Redondo hizo énfasis en que la comparecencia de los involucrados en el proceso electoral será obligatoria bajo los mismos términos y apremios que rigen en los procedimientos judiciales, de acuerdo con la Constitución. El objetivo de esta investigación es afianzar los principios democráticos y fortalecer la confianza en las instituciones electorales del país.
El presidente del Congreso también aprovechó para hacer un llamado al orden a todos los actores involucrados en el proceso electoral, advirtiendo que cualquier acción fuera de la ley sería nula y sería considerada como una violación de la responsabilidad pública, tal como lo establece el Artículo 321 de la Constitución.
