La Sala Constitucional de Costa Rica inició formalmente el estudio de admisibilidad de 2 recursos de amparo y uno de inconstitucionalidad presentados contra el decreto Ejecutivo que declara como “secreto de Estado” toda información sobre seguridad.
Hasta el último reporte, la Sala recibió 3 recursos contra el decreto firmado por la presidenta Laura Fernández que pone en reserva la información y contrataciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Fuerza Élite y Consejo Nacional de Seguridad.
Al culminar el estudio, la Sala deberá informar si admite los recursos para luego pasar a su análisis y resolución. Uno de los amparos establece afectaciones al derecho de acceso a la información pública y solicita como medida cautelar que se anule el decreto.
Cerrojos a la información
El segundo amparo señala que se restringe el acceso a información que es de interés público y la fiscalización de la administración pública, por lo que, solicita como medida que se suspendan inmediatamente los efectos del decreto.
El tercer recurso es una inconstitucionalidad que alega contradicciones con la Constitución Política por afectar el ” acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas, la libertad de expresión y el principio de reserva de ley”.
La presidenta Fernández argumentó que el decreto buscaba resguardar información sensible sobre seguridad, mientras aseguró que desconfía de abogados y periodistas que solicitan mucha información sobre seguridad porque cree que la entregan a bandas criminales.
La información en reserva es:
- Tácticas policiales, formas de operar de la delincuencia organizada, despliegues policiales, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, protocolos de intervención, recursos tecnológicos y mecanismos de inteligencia.
- Ya no se divulgarán los documentos de sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras y presentaciones de estrategias de seguridad.
- Presupuestos, partidas de fondos y áreas de inversión para seguridad y defensa del país.
- Todos los expedientes de compras públicas, adjudicaciones, financiamientos, ofertas, requerimientos y todo lo relacionado.
