Congreso de Honduras bajo escrutinio: Denuncian uso opaco de más de $33 millones entre 2022 y 2024

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este martes que el Congreso Nacional de Honduras manejó de forma opaca más de $33 millones entre 2022 y 2024, sin justificación documental ni transparencia en sus compras y contrataciones, incluyendo millonarios gastos en banquetes, seguridad y artículos personales sin respaldo legal.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

Irregularidades, falta de transparencia y uso arbitrario de fondos públicos marcan la gestión del Congreso Nacional de Honduras entre los años 2022 y 2024, según un informe presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). 

El análisis documenta deficiencias graves en la planificación, ejecución y publicación de compras y contrataciones, con montos millonarios cuyo uso no puede ser justificado.

De acuerdo con Carlos Hernández, director de ASJ, el Congreso Nacional ha manejado sin transparencia más de 824 millones de lempiras (aproximadamente $33.4 millones), según los soportes de gasto disponibles.

“Hay 824 millones de lempiras en concepto de compras y contratación del cual no se puede dar soporte”, afirmó Hernández durante la presentación del informe.

Fondos sin justificar y sin respaldo documental

El informe revela que en 2023, de un presupuesto legislativo de aproximadamente $14.9 millones, no se logró identificar el uso de $13.3 millones. Para 2024, de los $21.6 millones asignados, más de $20 millones siguen sin un destino claro o documentado. La ausencia de un Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) en 2022, y la publicación incompleta o no conforme a la ley en 2023 y 2024, impide una auditoría efectiva del gasto legislativo.

Además, ASJ denunció que se utilizaron 35 millones de lempiras (alrededor de $1.4 millones) en banquetes y protocolo, a pesar de que el Congreso no sesionó durante varios meses.

“Son 35 millones de lempiras, es una vergüenza. Los pagos de alimento y de seguridad de un diputado llegan a los 300 mil lempiras. Esto no puede ser aceptado y es lamentable porque Luis Redondo fue un abanderado de la transparencia, pero ya en el poder actuó de manera completamente diferente. Los anteriores jamás se atrevieron a tanto”, expresó Hernández.

Compras fraccionadas para evadir licitaciones

ASJ también reveló que el Congreso fraccionó 340 compras por un total de unos $553 mil, con el fin de evitar los procesos de licitación pública exigidos por ley. Estos contratos se tramitaron como “compras menores”, a pesar de que superaban los límites establecidos.

Entre los gastos cuestionables destacan:

Además, el informe señala que el 79 % de estas compras están vinculadas a la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), seguida por el Partido Liberal (11 %), el Partido Nacional (6 %) y el PSH (4 %).

También se documentaron beneficios personales sin justificación normativa, como:

Grave incumplimiento de transparencia

Del total de 14,083 compras menores, solo 21 fueron registradas en HonduCompras, el sistema oficial de contrataciones del Estado, y ninguna incluyó cotizaciones de oferentes no adjudicados, violando de manera directa la Ley de Contratación del Estado.

El informe incluso menciona la compra de medicamentos de uso controlado y artículos personales con fondos del Congreso, lo cual refleja un manejo discrecional y opaco del dinero público.

Carlos Hernández también denunció presiones contra la ASJ por parte del presidente del Congreso, Luis Redondo.

“Es triste ver como el poder le quedó demasiado grande. Me imagino que después de este informe buscará sus herramientas para atacarnos, como lo ha venido haciendo, amenazándonos con casi desaparecernos como institución. Pero nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hacer que el poder rinda cuentas”.

Recomendaciones

ASJ concluye que se requiere una reforma urgente en los procesos de compras del Congreso Nacional. Entre sus principales recomendaciones:

El informe representa un llamado firme a la rendición de cuentas y al ejercicio responsable del poder público, advirtiendo que la opacidad actual compromete seriamente la confianza ciudadana y la legalidad del gasto legislativo.

Exit mobile version