La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que concluye que el Estado de Nicaragua ha violado múltiples derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Estas violaciones afectan tanto a comunidades indígenas como a sectores vulnerables de la población, y reflejan un patrón de represión y vulneración sistemática, reseña el organismo.
El informe señala que Nicaragua incumplió los artículos que obligan a los Estados a respetar y garantizar los derechos humanos, así como los derechos políticos, la propiedad privada, libertad de pensamiento y expresión y derechos fundamentales como la vida digna, la integridad personal y el desarrollo progresivo.
También se documentaron violaciones a derechos relacionados con la autodeterminación, la consulta previa sobre tierras ancestrales, y la falta de garantías judiciales.
#CIDH presenta a la #CorteIDH caso por vulneración de derechos al pueblo indígena de Muy Muy de #Nicaragua.#DerechosHumanos 👉🔗https://t.co/7164DTHFgt pic.twitter.com/4OsAAmeDDF
— CIDH – IACHR (@CIDH) January 27, 2025
En particular, el asesinato de Bayardo Alvarado Gómez, un caso representativo de esta crisis, fue identificado como una violación grave de los derechos a la vida, el acceso a la justicia y la protección judicial.
Medidas de reparación propuestas
Ante esta situación, la CIDH presentó una serie de recomendaciones dirigidas a reparar los daños causados y prevenir futuras vulneraciones.
Entre ellas destaca la delimitación y titulación de tierras indígenas, medida que exige al Estado nicaragüense reconocer plenamente los derechos territoriales del pueblo indígena de Muy Muy.
Este proceso deberá incluir la delimitación, demarcación y otorgamiento de un título colectivo registrable que garantice el pleno dominio de sus territorios ancestrales.
Otra medida fundamental es la investigación y sanción de los responsables de violencia, incluyendo el asesinato del indígena Bayardo Alvarado Gómez.
La CIDH instó a realizar indagaciones exhaustivas, objetivas e independientes para identificar a los autores de estos crímenes y someterlos a procesos judiciales que cumplan con estándares internacionales.
Esta acción busca garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
El informe también recomienda implementar reparaciones individuales y colectivas para las comunidades afectadas. Estas acciones deben incluir compensaciones por los daños causados por la imposición de autoridades externas, la invasión de tierras y los actos de violencia, asegurando mecanismos efectivos para resarcir a las víctimas.
Asimismo, la CIDH enfatizó la necesidad de respetar la autonomía de los pueblos indígenas, garantizando su derecho a la autodeterminación, la libre elección de sus autoridades y el respeto a sus formas tradicionales de organización.
Este punto es crucial para proteger la identidad cultural de estas comunidades.
En cuanto al acceso a la justicia, se subrayó la importancia de garantizar recursos judiciales accesibles y efectivos que permitan a los pueblos indígenas defender sus derechos en plazos razonables.
Además, se hizo un llamado a crear mecanismos eficaces para la protección de territorios ancestrales, asegurando su titulación y resguardo frente a futuras invasiones.
Finalmente, la CIDH instó al Estado a cumplir con el derecho de consulta previa establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Esto implica realizar procesos participativos con las comunidades indígenas antes de adoptar medidas que afecten sus territorios o derechos, asegurando que estas consultas se lleven a cabo de forma libre, informada y en conformidad con los estándares internacionales.
