El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, protagonizó este martes una manifestación convocada por su propio gobierno en contra del fiscal general, Carlo Díaz, y del Poder Judicial, en un intento de desacreditar a la institución que lidera múltiples investigaciones en su contra y contra miembros de su gabinete.
El evento, que se desarrolló frente a la Fiscalía General de la República, congregó a cientos de simpatizantes del oficialismo, entre ellos ministros, diputados y exjerarcas del Ejecutivo. A pesar de la intensa campaña de convocatoria, la asistencia fue menor en comparación con recientes movilizaciones ciudadanas por temas educativos, agrícolas y de derechos humanos.
En su discurso, Chaves arremetió con dureza contra Díaz, a quien calificó de “corrupto” y “cómplice de proxenetas en el Poder Judicial”.
Las declaraciones del mandatario profundizan la tensión con el Ministerio Público, órgano que ha abierto más de 30 expedientes de investigación contra el gobierno, incluyendo presuntas violaciones electorales y posibles actos de corrupción administrativa.
Escalada de confrontación con la Fiscalía
La ofensiva de Chaves contra el fiscal Díaz no es reciente. En las últimas semanas, el presidente ha intensificado sus ataques en giras por la Zona Sur, Puntarenas y la Zona Norte, en las que ha insistido en su narrativa de que el Ministerio Público está confabulado para entorpecer su gestión.
Sin embargo, sectores políticos y judiciales interpretan estas declaraciones como una estrategia para desacreditar las pesquisas en curso y evitar eventuales consecuencias legales.
El mandatario no solo ha dirigido sus críticas contra Díaz, sino que ha atacado al Poder Judicial en su conjunto, cuestionando su independencia y sugiriendo que sus altos mandos operan con sesgos políticos en su contra.
A lo largo de su mandato, Chaves ha demostrado un patrón de confrontación con los otros poderes del Estado, en especial con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
Desde el inicio de su gobierno en 2022, el presidente ha acumulado denuncias por su estilo autoritario y sus intentos de erosionar los contrapesos institucionales.
Una convocatoria promovida por el Ejecutivo
La marcha de este martes fue promovida activamente por el gobierno y por la red de simpatizantes oficialistas en redes sociales.
En las semanas previas, se reportaron llamados a la movilización con incentivos como pagos en efectivo, transporte gratuito desde zonas alejadas y alimentación para los asistentes. Una cooperativa incluso pagó unos 1.600 dólares para alquilar un bus que trasladó manifestantes desde Puerto Jiménez.
La participación de Chaves en la manifestación no figuraba en su agenda oficial, pero fue planificada con antelación.
El mandatario leyó un discurso preparado y tomó el micrófono en una tarima montada especialmente para el evento.
Durante la actividad, varios de sus asesores y miembros de su círculo cercano asumieron el control del acto, asegurando que la narrativa presidencial se mantuviera como eje central del mitin.
Respuestas desde el Poder Judicial
El fiscal general Carlo Díaz y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, reaccionaron con firmeza ante las acusaciones de Chaves.
En un comunicado conjunto, ambos reafirmaron su compromiso con la independencia del Poder Judicial y advirtieron que las declaraciones del presidente buscan desacreditar la labor de la Fiscalía en investigaciones de alto perfil.
“Hacemos un llamado a respetar la división de poderes y la institucionalidad. Exigimos respeto para este Poder de la República y todos sus funcionarios”, declaró Aguirre, subrayando que la destitución de un fiscal es competencia exclusiva de la Corte Plena y no del Poder Ejecutivo.
Díaz, por su parte, consideró que los ataques del mandatario tienen como objetivo “sabotear las investigaciones penales en curso” y evitar que se actúe con rigor sobre posibles irregularidades en la actual administración.
La crisis política generada por los ataques de Chaves contra el Ministerio Público se suma a la creciente confrontación con otros poderes del Estado, en un contexto en el que el país enfrenta dificultades económicas, desaceleración del crecimiento y un aumento en la percepción de deterioro institucional.
La división de poderes en riesgo
La ofensiva del presidente contra el fiscal general se enmarca en un patrón de conducta que ha sido denunciado por múltiples actores políticos y sociales.
Organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de la erosión democrática en la región, señalando que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos puede derivar en un deterioro de la institucionalidad.
Costa Rica, tradicionalmente reconocida por su estabilidad democrática, atraviesa una de sus mayores crisis políticas en décadas.
La creciente polarización y el enfrentamiento entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado han generado preocupación en distintos sectores de la sociedad.
Analistas políticos advierten que la estrategia de Chaves de confrontar a la Fiscalía podría intensificarse en los próximos meses, en la medida en que las investigaciones avancen y se determinen eventuales responsabilidades penales.
Mientras tanto, la manifestación oficialista de este martes, a pesar de su amplia promoción, no logró generar la ola de respaldo que el gobierno esperaba, dejando en evidencia que el conflicto entre Chaves y el Ministerio Público sigue sin convencer a una parte significativa de la ciudadanía.
