A 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, la conmemoración del histórico ha pasado desapercibido por parte del gobierno actual, evidenciando un desinterés institucional en recordar uno de los momentos más trascendentales del país.
Firmados el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, los acuerdos pusieron fin a 12 años de un sangriento conflicto armado entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La guerra dejó un saldo devastador: aproximadamente 75,000 personas asesinadas, más de 8,000 desaparecidos y cientos de miles de desplazados internos y refugiados.
Además, la guerra trajo consigo graves violaciones a los derechos humanos, con masacres emblemáticas como la de El Mozote y el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA.
Económicamente, el país sufrió pérdidas significativas. La infraestructura fue severamente dañada y la inversión extranjera se desplomó, obstaculizando el desarrollo económico por décadas.
Se estima que el conflicto costó al menos el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) anual del país durante los años más críticos.
Aunque los Acuerdos de Paz representaron un avance crucial hacia la democratización y la desmilitarización del Estado, hoy en día persiste una percepción de escepticismo y desconfianza en amplios sectores de la población. La violencia social, la desigualdad económica y la corrupción socavaron los logros alcanzados, dejando la sensación de que la paz firmada no se tradujo en una mejora sustancial de las condiciones de vida.
La falta de interés del gobierno actual de Nayib Bukele, quien ha sostenido que los Acuerdos fueron una farsa, por conmemorar esta fecha ha generado críticas de diversos sectores sociales y políticos.
Analistas consideran que ignorar este aniversario es desestimar los esfuerzos de negociación que permitieron la transición del país hacia la democracia.
Organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto han expresado su preocupación ante el olvido de la memoria histórica y la falta de justicia para los crímenes cometidos durante la guerra.
A pesar de la falta de celebración oficial, los Acuerdos de Paz continúan siendo un referente clave en la historia salvadoreña. Su firma significó el cese de la violencia armada y la apertura a un proceso de reformas políticas y sociales que, aunque incompletas, sentaron las bases para el desarrollo de nuevas instituciones democráticas.
El expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien firmó la paz, está ahora prófugo de la justicia por estar acusado de corrupción y por la masacre de los sacerdotes jesuitas. Salvador Sánchez Cerén, excomandante guerrillero, firmante y quien gobernó el país de 20014 a 2019, también huye de la cárcel y vive refugiado por la dictadura de Nicaragua.
Estos hechos han contribuido a diluir la importancia social del acuerdo que llevó la paz al país más pequeño de Centroamérica.
