El 1 de julio, China puso en vigor su Ley para la Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso , convirtiendo una década de la doctrina de Xi Jinping de “forjar un fuerte sentido de comunidad para la nación china” en ley vinculante.
La mayor parte de la atención se ha centrado en su maquinaria interna: la imposición del mandarín sobre las lenguas minoritarias, la unificación de los libros de texto estatales y la creación de barrios integrados diseñados para diluir la concentración de uigures y tibetanos entre la mayoría han. En otras palabras, se trata de un proyecto asimilacionista que ya está muy avanzado.
La disposición más relevante para el mundo fuera de China se encuentra casi al final. El artículo 63 declara que las organizaciones e individuos fuera del territorio chino que “socavaran la unidad étnica” o “crearan división étnica” serán procesados y se les exigirán responsabilidades legales.
Por lo tanto, el gobierno chino afirma, mediante una ley, que su autoridad trasciende fronteras y se extiende a otros países, incluido Canadá, hogar de algunas de las mayores comunidades de la diáspora china, uigur y tibetana del mundo. El peligro no reside en que la ley trascienda fronteras, sino en lo que criminaliza, a quién se dirige y cómo se aplica.
Obtener la definición correcta
La respuesta automática es calificarlo de imperialismo jurídico . La conclusión es correcta, pero el razonamiento habitual es simplista. Esto es importante, porque la jurisdicción extraterritorial no es ni una invención china ni un monopolio. Si se malinterpreta la objeción, China la desestimará como hipocresía.
Las democracias trascienden constantemente las fronteras. Las normas europeas de protección de datos vinculan a las empresas de cualquier parte del mundo que gestionen datos de ciudadanos europeos. Estados Unidos persigue los sobornos cometidos íntegramente en el extranjero . Y en 2022, un tribunal alemán condenó a un exoficial de inteligencia sirio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Damasco, sin que hubiera ninguna víctima alemana.
Lo que distingue al artículo 63 de estos precedentes se reduce a tres diferencias:
La ofensa. Todos los ejemplos occidentales se basan en un delito definido: soborno, manipulación de datos, tortura. «Socavar la unidad étnica» no es un delito tipificado en la ley. Se trata de un juicio político flexible, emitido por la misma autoridad acusada de los abusos subyacentes. La ambigüedad es intencionada. Una ley que permite al Estado decidir, caso por caso, quién ha ofendido a la nación, intenta exportar la censura.
El objetivo. La jurisdicción universal persigue a los autores de atrocidades para reivindicar a las víctimas. El artículo 63 va en sentido contrario. Sus objetivos son los defensores de las víctimas: el uigur que testifica ante una legislatura extranjera, el tibetano que organiza una vigilia, el académico que documenta los campos. Un gobierno acusado con fundamento de abusar de una minoría étnica reclama el derecho a castigar a quienes denuncian la acusación.
Aplicación de la ley. El derecho extraterritorial occidental, a pesar de su extralimitación, se rige por los tribunales. El artículo 63 no establece ningún procedimiento. Su verdadero instrumento es la influencia que China ya ejerce: el pasaporte de un familiar que aún se encuentra en China, la prohibición de salida del país para un padre anciano, la presencia de agentes de seguridad en la puerta de un pariente. Este es el mecanismo documentado de represión transnacional, ahora reconocido legalmente.
Sombras de la ley de Hong Kong
Nada de esto es una excepción. El precedente más claro del artículo 63 es el artículo 38 de la ley de seguridad nacional de Hong Kong de 2020, que contó con la aprobación de Pekín. Dicha ley pretendía abarcar los delitos cometidos fuera de Hong Kong por personas que no residían en la ciudad.
La nueva ley extiende esa lógica al terreno más vago de la “unidad étnica”.
También refleja una tendencia documentada: China lleva a cabo la campaña de represión transnacional más extensa del mundo , operando a través de “comisarías de policía en el extranjero” informales (varias identificadas en Canadá ) y mediante la coerción indirecta. Lo que añade el Artículo 63 es una forma jurídica y una invitación a todos los demás gobiernos autoritarios a hacer lo mismo.
La respuesta debe ser concisa, firme y coordinada. Los gobiernos anfitriones, entre ellos Canadá, deben declarar claramente que el artículo 63 no tiene efecto jurídico en sus países y tratar su aplicación como el delito que es.
Cómo responder
La intimidación inherente a la nueva ley ya viola numerosas leyes sobre acoso interno e injerencia extranjera en diversas jurisdicciones del mundo. En este caso, los fiscales deberían utilizarlas contra los agentes que ejercen la coacción, no contra los exiliados que son sus víctimas.
Los gobiernos deberían clausurar las “comisarías” no autorizadas y presionar a la Interpol para que rechace las notificaciones con motivaciones políticas dirigidas a activistas de la diáspora.
Los gobiernos también pueden crear canales específicos para las personas afectadas: un contacto claro con las fuerzas del orden, orientación protectora para las comunidades chinas y de la diáspora minoritaria, y capacitación para los funcionarios que podrían confundir la represión transnacional con una disputa doméstica común.
Por último, los sistemas de asilo deberían considerar el artículo 63 como prueba: un estatuto en el que China anuncia que la defensa de la diáspora incita a represalias es prácticamente una prueba de persecución para quienes buscan huir.
China tiene todo el derecho a legislar sobre su propio territorio y sus ciudadanos. Lo que no puede hacer legítimamente, por mucho que hable de unidad, es ignorar las fronteras. La tarea de todas las naciones, incluida Canadá, es insistir, tanto en la ley como en la práctica, en que las fronteras siguen existiendo.
