Donald Trump volvió a poner una promesa económica de enorme alcance en el centro de la campaña para las elecciones de medio término de Estados Unidos: entregar un cheque de $5.000 a los adultos del país si los republicanos conservan el control del Congreso.
El mandatario aseguró que firmaría los pagos después de los comicios del próximo 3 de noviembre, cuando estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado. La condición planteada por Trump es que su partido mantenga ambas cámaras.
La dimensión fiscal de la propuesta es uno de sus puntos más controvertidos. Diferentes estimaciones sitúan su costo por encima de $1,2 billones y hasta alrededor de $1,35 billones si el beneficio alcanza a la mayoría de los adultos estadounidenses.
Trump ha sostenido que el Gobierno puede afrontar ese desembolso y ha presentado el beneficio como un “dividendo” para los ciudadanos. Sin embargo, todavía no existe una legislación aprobada que autorice los cheques ni un esquema definitivo que establezca quiénes podrían recibirlos.
La iniciativa tampoco depende únicamente del presidente. Un desembolso federal de esa magnitud requeriría intervención del Congreso, una de las razones por las que el resultado de las elecciones legislativas adquiere especial importancia para el futuro de la propuesta.
Incluso dentro del Partido Republicano han aparecido cuestionamientos. Algunos legisladores han expresado preocupación por el efecto que una nueva inyección masiva de dinero podría tener sobre la inflación, el déficit fiscal y una deuda pública estadounidense que ronda los US$40 billones.
La promesa llega además en momentos en que el costo de vida ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los estadounidenses. Una encuesta de AP-NORC publicada esta semana mostró que apenas el 26 % aprobaba la gestión económica de Trump y solo el 17 % respaldaba su manejo del costo de vida.
Los $5.000, por ahora, siguen siendo una promesa electoral y no un beneficio aprobado. Su eventual aplicación dependería tanto del resultado de las elecciones de noviembre como de que el Congreso acuerde posteriormente el financiamiento y las condiciones legales necesarias para distribuir el dinero.
