América Latina atraviesa una de sus crisis de derechos humanos más profundas en décadas. El espacio cívico de la región se está reduciendo rápidamente, desde la vigilancia masiva y las detenciones arbitrarias hasta la represión política, las desapariciones forzadas y la impunidad de la violencia estatal.
El informe Estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2025, publicado por Amnistía Internacional, expone la magnitud del desafío. Siete países (Haití, Nicaragua, Venezuela, México, Colombia, Cuba y El Salvador) se encuentran en el epicentro de este auge autoritario.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero no ha hecho más que agravar el problema. En otro informe publicado esa misma semana, Amnistía argumenta que la retórica nacionalista de Trump y sus cambios de política han envalentonado a los líderes autoritarios. Estos han socavado la rendición de cuentas internacional y acelerado las violaciones de derechos humanos en todo el hemisferio.
Estos son los países donde el ataque a los derechos humanos se siente con mayor intensidad.
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1. Haití
En ningún otro lugar ha sido más visible el deterioro de los derechos humanos que en Haití. A finales de 2024, más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, se encontraban desplazadas internamente debido a la creciente violencia de pandillas y al fracaso del Estado.
Las organizaciones criminales cometían asesinatos, violencia sexual y ataques a hospitales y escuelas de forma rutinaria. En diciembre de 2024, la banda Wharf Jérémie ejecutó al menos a 207 personas en una masacre en Cité Soleil, una zona densamente poblada de Puerto Príncipe, la capital haitiana.
El sistema judicial prácticamente ha dejado de funcionar. Mientras tanto, las deportaciones de haitianos desde Estados Unidos y la vecina República Dominicana han aumentado.
Según Amnistía Internacional, casi 200.000 personas fueron devueltas sin el debido proceso solo en 2024. La represión migratoria de Trump, presentada como necesaria para la seguridad fronteriza, ha acelerado estas expulsiones masivas.
2. Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha refinado el autoritarismo hasta convertirlo en una eficiente maquinaria represiva. Más de 5.000 grupos de la sociedad civil, universidades privadas y medios de comunicación han sido clausurados desde 2018. Esto incluye 1.500 solo entre enero y septiembre de 2024.
Más de 400 críticos han sido despojados de su nacionalidad desde 2023 y decenas de periodistas han sido víctimas de desaparición forzada o encarcelados. También se ha revocado la personería jurídica de cientos de grupos evangélicos.
En 2024, el gobierno criminalizó la disidencia hasta el punto de que sectores enteros de la sociedad civil han desaparecido. Mientras tanto, las comunidades indígenas se enfrentaron al desplazamiento y a ataques armados de milicias progubernamentales, con escasa respuesta internacional.
3. Venezuela
Venezuela sigue sumida en la represión. Las elecciones presidenciales de julio de 2024, robadas por Nicolás Maduro, dieron lugar a la detención arbitraria y tortura de manifestantes, incluidos niños. Periodistas independientes fueron arrestados y ONG amenazadas de cierre.
Muchos venezolanos huyeron posteriormente del país. La persecución y la desesperación por los resultados electorales llevaron a 20.000 personas a migrar hacia el norte a través de la selva del Tapón del Darién tan solo en septiembre de 2024, un aumento del 70% con respecto al mes anterior.
En realidad, las cifras probablemente sean mucho mayores. Una encuesta posterior a las elecciones indicó que el 43% de quienes permanecían en el país consideraban emigrar, pero no se han publicado datos oficiales. Más de 7,8 millones de ciudadanos han abandonado Venezuela en los últimos diez años, y alrededor de 28 millones de personas aún residen allí.
En junio de 2023, la Corte Penal Internacional reanudó su investigación sobre el régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno venezolano continúa obstruyendo la justicia. Con el gobierno de Trump desinteresado en los mecanismos multilaterales, los esfuerzos por restaurar la democracia enfrentan mayores dificultades.
4. México
La seguridad pública de México se ha militarizado peligrosamente. Una enmienda constitucional en septiembre de 2024, pocos días antes del fin del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puso a la Guardia Nacional bajo control militar. Esto ha permitido abusos generalizados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Nueve defensores de derechos humanos y cuatro periodistas fueron asesinados solo en 2024.
El gobierno de López Obrador socavó la libertad de prensa en el país. Tampoco protegió a quienes solicitaban asilo. Y con el regreso de Trump al poder, las deportaciones de Estados Unidos a México han aumentado. Los retornados a menudo corren el riesgo de ser víctimas de la violencia y la explotación de los cárteles.
5. Colombia
Colombia sufrió la insurgencia más prolongada de América Latina, con una duración de más de 50 años. A pesar de los sólidos marcos institucionales del país, la paz sigue siendo difícil de alcanzar. En 2024, más de 195.000 personas fueron confinadas a la fuerza por un Los grupos armados y las minas terrestres siguen poniendo en peligro a más de 600.000 civiles.
El reclutamiento infantil, la violencia sexual y los asesinatos selectivos de excombatientes del grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han aumentado. Mientras tanto, el progreso en la implementación del acuerdo de paz de 2016 sigue siendo lento.
Las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares continúan, pero enfrentan restricciones presupuestarias y resistencia política. La retirada del apoyo estadounidense a los mecanismos de justicia transicional por parte de Trump ha debilitado aún más el respaldo internacional a los frágiles esfuerzos de reconciliación de Colombia.
6. Cuba
Las autoridades cubanas continúan reprimiendo la disidencia mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y censura. Más de 100 personas fueron arrestadas por protestar en 2024, y muchas fueron obligadas a confesar autoincriminatoriamente en video. Los medios de comunicación independientes y los activistas fueron objeto de vigilancia y acoso constantes.
En medio del colapso económico, más del 18% de la población ha huido de la isla en dos años. Estas migraciones masivas a menudo resultan en viajes peligrosos y separaciones familiares generalizadas. La crisis económica se ha visto agravada por las sanciones estadounidenses reimpuestas e intensificadas bajo el gobierno de Trump.
7. El Salvador
El modelo de encarcelamiento masivo del presidente Nayib Bukele continúa atrayendo la atención mundial. Casi 84.000 personas han sido arrestadas desde 2022 bajo un estado de excepción que suspende los derechos básicos y las garantías legales.
La vigilancia, las detenciones arbitrarias y la humillación pública de los detenidos se han vuelto rutinarias. La admiración pública de Trump por la postura de “mano dura contra la delincuencia” de Bukele ha otorgado legitimidad internacional a este peligroso enfoque.
El regreso de Trump a la Casa Blanca ha intensificado los retrocesos en materia de derechos humanos en América Latina. Su retirada de los acuerdos sobre derechos humanos y clima ha envalentonado a los regímenes autoritarios a reprimir la disidencia y acelerar las políticas de explotación de recursos sin temor a la presión ni la rendición de cuentas de Estados Unidos.
Los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos también se han enfrentado a un resurgimiento de las deportaciones masivas. La retórica que retrata a los migrantes como criminales ha alimentado la xenofobia y ha permitido redadas migratorias generalizadas y retrocesos en las políticas. Ciudades santuario como Chicago han sido blanco de ataques y las protecciones legales para los residentes indocumentados se han erosionado.
La trayectoria actual de América Latina sugiere una deriva no solo hacia la represión, sino también hacia la normalización de la violencia estatal. Si bien la resistencia local sigue siendo fuerte, en particular entre los activistas de base y la sociedad civil, la solidaridad internacional se ha visto debilitada por los cambios geopolíticos.
La región corre el riesgo de consolidar una nueva era de resiliencia autoritaria, en la que la defensa de los derechos humanos no solo es peligrosa, sino también inútil.
Este artículo se republica de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original.
