Un informe de Prisoners Defenders incluye a Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, El Salvador y Panamá entre los países centroamericanos donde profesionales cubanos denunciaron presuntas violaciones de derechos humanos durante las llamadas “Misiones de Internacionalización”.
Costa Rica también aparece como receptor de estas misiones, aunque el documento no contabiliza testimonios procedentes de ese país. Los señalamientos forman parte de denuncias presentadas desde 2019 ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, pero no constituyen una resolución judicial.
Guatemala reúne la mayor cantidad de testimonios de Centroamérica, con 13. El informe señala que la misión mantenía 439 profesionales sanitarios, acumulaba 4,048 colaboradores y pagaba un salario mensual aproximado de $335.24.
Los declarantes en Guatemala denunciaron retención de pasaportes y la obligación de devolver parte del dinero recibido a funcionarios cubanos. Un profesional afirmó que también debían entregar el presupuesto destinado a su alimentación a personas designadas por los responsables de la misión.
Honduras y Belice registran cinco testimonios cada uno. Según el documento, los trabajadores recibían aproximadamente $171.97 mensuales en Honduras y $364.38 en Belice, donde permanecían desplegados 143 profesionales de la salud.
Nicaragua aparece con tres testimonios y 186 sanitarios cubanos. La remuneración reportada alcanzaba los $39.95 mensuales. Uno de los declarantes aseguró que nunca le informaron que debía entregar obligatoriamente el 75% de su salario al Gobierno cubano.
El Salvador y Panamá contabilizan un testimonio cada uno. Además, profesionales destinados a El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice y Nicaragua aseguraron haber sido presionados para aumentar falsamente sus estadísticas de trabajo.
En total, Prisoners Defenders reunió 1,402 testimonios procedentes de distintos países, incluidos 1,185 protegidos. Estos últimos contienen 59,415 denuncias individuales, de las cuales 18.963 están relacionadas con presunta esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso y 27.004 con vulneraciones laborales.
La organización estima que entre 50,000 y 100,000 trabajadores cubanos en el exterior podrían estar sometidos a condiciones similares y pide una investigación internacional. El Gobierno cubano rechaza estas acusaciones y sostiene que sus misiones son voluntarias y constituyen programas de cooperación sanitaria.
