La justicia autorizó que, a partir del 1 de enero de 2026, los pasajeros de cruceros que arriben a Hawái paguen un nuevo impuesto ambiental. La jueza Jill A. Otake rechazó suspender la ley impulsada por el gobernador Josh Green, despejando el camino para su entrada en vigor.
La normativa establece un gravamen del 11 % sobre el valor total del boleto de crucero, calculado según los días que la embarcación permanezca en puertos hawaianos. Además, los gobiernos locales podrán sumar un recargo adicional de hasta el 3 %, lo que elevaría la tasa máxima al 14 % para algunos visitantes.
Según estimaciones oficiales, la recaudación anual superaría los 100 millones de dólares. Los fondos serán destinados a programas de adaptación climática, como la respuesta a la erosión costera, la prevención de incendios forestales y la protección de infraestructuras frente a fenómenos extremos.
La medida generó una fuerte oposición de la industria de cruceros. La Cruise Lines International Association (CLIA) y empresas del sector argumentaron que el impuesto encarece los viajes y podría afectar la competitividad del destino, además de plantear supuestas contradicciones constitucionales. El litigio continuará en instancias superiores.
Desde el gobierno estatal defendieron la iniciativa como una forma de equilibrar el impacto del turismo con la protección ambiental. La fiscal general de Hawái, Anne Lopez, sostuvo que el impuesto busca que las navieras “paguen su parte” ante los costos crecientes del cambio climático en el archipiélago.
Las empresas de cruceros serán las responsables de recaudar y transferir el impuesto a las autoridades fiscales. El gobierno hawaiano prevé auditorías públicas e informes anuales para garantizar la transparencia del uso de los recursos, mientras otros destinos turísticos observan de cerca una medida que podría marcar tendencia a nivel internacional.
